Olaechea sostuvo que la Contraloría hace un “seguimiento permanente” a sus funciones. (GEC)
Olaechea sostuvo que la Contraloría hace un “seguimiento permanente” a sus funciones. (GEC)

Las cuestionadas decisiones administrativas que avaló el titular de la , , durante el periodo de disolución del Congreso son una carga con la que tendrá que lidiar la nueva Mesa Directiva cuando se instale el Parlamento.

Uno de esos pasivos fue el que denunció Perú21 en enero pasado sobre la contratación de más de 100 trabajadores en diciembre, sumando en ese periodo 1,740 empleados para funciones ajenas a la única facultad de la Permanente, que es la de revisar los decretos de urgencia del Ejecutivo.

Esta observación, sin embargo, fue pasada por alto por Olaechea, quien ayer, en conferencia de prensa, justificó que el objetivo de la última etapa de su gestión es no dejar “ninguna carga” para la próxima Mesa Directiva. “Tratamos de cubrir en orden los temas que tocaban”, dijo.

“Hemos actualizado el cuadro de asignación (de personal del Parlamento), hemos revisado los mandatos de ley, todos estos elementos le tocará a la próxima Mesa Directiva revisar si así lo quiere, o bien, continuar el trabajo. Serán ellos los que tomen la decisión final”, manifestó.

Quien sí dio una explicación más concreta sobre este asunto fue el oficial mayor Giovani Forno. Según indicó, en diciembre se contrató más personal para áreas específicas luego de reducir el personal tras la disolución.

El funcionario argumentó que en setiembre la población laboral de este poder del Estado era de 3,065 y en octubre se redujo a 1,950. “En diciembre hay problemas en limpieza y seguridad, y se contrata a más de cien y ahora hay 1,740 trabajadores en el Congreso de la República”, puntualizó.

Descargo a medias

La contratación de personal fue un tema que, de hecho, estuvo bajo la lupa de la Contraloría. En setiembre de 2019, la entidad emitió un informe de auditoría en el que concluyen que hubo nombramientos irregulares en la contratación a “plazo indeterminado” de 17 empleados durante la gestión de Luis Galarreta (FP).

En este marco, Perú21 detectó que nueve de los 17 trabajadores con observaciones, como Christian Peralta y Luis Mejía, aún aparecen en el cuadro de asignación de personal que aprobó el Congreso.

Sobre este punto, Olaechea guardó silencio y el oficial mayor respondió que el informe elevado por la Contraloría está siendo “ejecutado” en los términos que se recomienda.

“Todos los informes de control en los cuales se evidencian hallazgos, nosotros informamos de las acciones que se han tomado”, acotó.

En cuanto al pago de la bonificación extraordinaria para trabajadores del Congreso por retiro voluntario, Forno detalló que 48 empleados se han acogido a este plan, que demandará un desembolso de cerca de 20 millones de soles.

Olaechea cuestionó a un sector de la prensa por “no solicitar información” antes de publicar una nota. En este sentido, Perú21 precisa que a través de los canales oficiales se solicitó los descargos correspondientes. Sin embargo, no respondieron. En cuanto a la bonificación extraordinaria para trabajadores (S/8,600) y concurso interno para ocupar 178 plazas disponibles, Forno descartó alguna irregularidad, pese a que se estarían excediendo en sus funciones.