La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha decidido continuar con el proceso de la denuncia presentada contra el fiscal supremo Pedro Chávarry por la irrupción en una oficina lacrada del Ministerio Público, aunque partiendo desde el punto en el que el Parlamento disuelto había dejado el caso.
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Esto significa que solo se ha contemplado la imputación por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto (instigador), cuya pena máxima es de dos años, y no por encubrimiento personal y encubrimiento real, ilícitos atribuidos en la denuncia formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Con esto, el nombre de Pedro Chávarry se erige nuevamente en la palestra de la subcomisión, la misma que hizo noticia en el Congreso disuelto por las desestimaciones de las acusaciones presentadas contra el extitular del Ministerio Público, así como por las dilaciones y las sesiones sin quórum. ¿Qué actos, en formas de denuncias, se le han imputado al fiscal supremo en la subcomisión del Congreso?
En julio del 2018, un terremoto político remeció las altas esferas del sistema de justicia del país. La aparición de grabaciones protagonizadas por miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), así como por jueces y fiscales en las que se discutían beneficios irregulares, generó numerosos pronunciamientos y deslindes de responsabilidades.
En la víspera de la asunción de su cargo como fiscal de la Nación, el 19 de julio del 2018, se reveló una conversación entre Pedro Chávarry y el ahora prófugo exjuez supremo César Hinostroza, sindicado por la fiscalía como cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto.
“No voy a dar un paso al costado y, con todo respeto, considero que en estos audios no hay ninguna irregularidad”, respondió Chávarry ante los pedidos que solicitaban que no jure como fiscal de la Nación.
Días después, ya en el máximo cargo del Ministerio Público, más audios entre Chávarry e Hinostroza complicaron la situación de ambos, al punto de generar diversos pronunciamientos por parte de fiscales, además de parlamentarios opositores a Fuerza Popular y del presidente Martín Vizcarra.
“Yo considero que estoy pisando firme y que mi designación es legal”, insistía Chávarry en torno a la legitimidad de su investidura; no obstante, a los pocos días su figura se veía disminuida nuevamente ante su admisión de haber asistido a una reunión con la prensa en la casa del empresario Antonio Camayo, cita coordinada por César Hinostroza, para contrarrestar una supuesta campaña contra su elección como fiscal de la Nación.
Tras el episodio del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, los cuestionamientos contra Chávarry se hicieron más usuales. Por ejemplo, fue acusado por la supuesta adulteración de sus notas en su proceso de ratificación en el CNM como fiscal supremo. También por presuntamente haber efectuado numerosos plagios en la elaboración de la tesis con la que obtuvo su grado de maestro en derecho penal.
Aunque todos los incidentes mencionados sumaron procesos y enemistades para él, fueron dos los episodios que forzaron su dimisión en enero del 2019, a menos de seis meses de haber asumido la Fiscalía de la Nación. El primero fue ordenar el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo del equipo especial Lava Jato en la víspera de Año Nuevo. La orden fue interpretada por cierto sector de la ciudadanía como una decisión adoptada entre gallos y medianoche, por lo que pronunciamientos y marchas provocaron quedé marcha atrás en menos de dos días.
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Los fiscales aducían que era necesario denunciar al entonces fiscal de la Nación por entorpecer la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht, así como presuntamente hacer maniobras de encubrimiento a favor de la investigada lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
A menos de una semana de dicho incidente ocurrió el hecho que decidió su suerte. El fiscal José Domingo Pérez acusó que integrantes de la escolta personal y personal del despacho de Pedro Chávarry ingresaron a una oficina que él había lacrado como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos, y otros, contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular.
Chávarry, entonces, anunció su renuncia al puesto de fiscal de la Nación, dimisión que se concretó el 8 de enero del 2019. Dos meses después del incidente, su exasesora Rosa María Venegas indicó que él fue quien le ordenó el deslacrado de la oficina.
Las imputaciones contra el fiscal supremo han generado numerosas denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento disuelto, entre el 2018 y el 2019; sin embargo, en más de una oportunidad el grupo presidido en ese entonces por César Segura (Fuerza Popular) incurrió en dilaciones.
La primera denuncia contra Chávarry fue presentada en julio del 2018 por Marco Arana (Frente Amplio) a causa de su presunta relación con Los Cuellos Blancos del Puerto, pero el informe final que imputaba delitos e infracciones por parte del fiscal fue rechazado en la subcomisión, decisión que sería replicada por la Comisión Permanente.
Por su parte, Gino Costa denunció constitucionalmente a Chávarry por los audios con Hinostroza, por presunto plagio en su tesis, por la adulteración en sus notas en la evaluación de ratificación en el cargo y por supuesto entorpecimiento del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Solo la última acusación fue admitida a trámite.
En los meses subsiguientes, las denuncias del procurador Amado Enco y de la congresista Gloria Montenegro tampoco pudieron llegar al pleno del Congreso. Pese a ello, en julio del 2019, la acusación planteada contra Chávarry por presunto encubrimiento real por la remoción de Vela y Pérez del equipo especial consiguió ser aprobada por la Representación Nacional. En las instancias previas, los legisladores, con votos de Fuerza Popular y el Apra, habían desestimado que sea acusado también por organización criminal y encubrimiento personal.
Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, denunció constitucionalmente a Pedro Chávarry en mayo del 2019 por su irrupción en oficinas lacradas del Ministerio Público. El grupo de trabajo desestimó las imputaciones por los supuestos delitos de encubrimiento real y encubrimiento personal, y solo procedió a dar trámite al de atentado contra la conservación e identidad de objeto (instigador), el menos gravoso de los tres. Esta denuncia continuará su curso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida actualmente por Luis Roel Alva (Acción Popular).
Este martes, sin embargo, el titular de dicho grupo de trabajo congresal señaló a Ideeleradio la existencia de dos denuncias constitucionales ciudadanas presentadas contra el extitular del Ministerio Público: una por la comisión de delitos contra la administración pública, como abuso de autoridad y concusión, y otra por el supuesto delito de omisión del ejercicio de la acción penal.