El fiscal supremo Pedro Chávarry afirmó que no se arrepiente de su decisión de haber removido de sus cargos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, miembros del equipo especial del caso Lava Jato, en diciembre del 2018, medida que debió ser rectificada luego por la presión ciudadana.
“Lo que está sucediendo y hago mención a ello es porque tomé la decisión (de removerlos) y porque se corrobora la actuación que tuve en ese momento; no me arrepiento de lo que hice”, afirmó Chávarry.
En la audiencia de presentación de cargos en su contra por la presunta comisión del delito de encubrimiento real, Chávarry sostuvo que si posteriormente los ratificó como miembros del equipo especial fue por la intervención del presidente Martín Vizcarra y porque ningún otro fiscal quiso asumir el reemplazo de ambos fiscales.
“No quiero redundar, pero sí debo decirlo que si mantuve en el cargo a estas dos personas fue por la intervención, por la participación del presidente de la República, cuando pretendió, dejando de lado su visita a la República de Brasil, dejando de lado el protocolo, dejando de lado en forma abrupta, para declarar en reorganización al Ministerio Público. Esa fue la razón por la que quedó sin efecto mi resolución en la que aparto de la investigación (a Vela y a Pérez) porque ningún fiscal quiso ocupar este cargo”, detalló.
Pedro Chávarry criticó también el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Ministerio Público, la Procuraduría y la constructora Odebrecht.
“Hoy es día estamos viendo los resultados del famoso acuerdo de colaboración eficaz con la empresa criminal Odebrecht que han venido trabajando de una forma indebida. Los que son verdaderamente organización criminal, como lo significa esta empresa brasileña, están siendo investigados sin ser comprendidos como organización criminal, sin ser investigados por lavado de activos y sin ser investigados por corrupción de funcionarios”, dijo.
Como se recuerda, el 31 de diciembre de 2018, Pedro Chávarry, entonces fiscal de la Nación, anunció la remoción del fiscal superior Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, así como del fiscal José Domingo Pérez como parte de dicho equipo.
Pérez tiene a su cargo, entre otras investigaciones, las que se le seguían al fallecido expresidente Alan García Pérez y a la detenida lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.
En ese momento, Chávarry explicó que su decisión estaba basada en que había "hechos que atentan contra la jerarquía institucional" y una supuesta violación de la "reserva de la investigación".
Por este hecho, fue denunciado constitucionalmente en el Congreso de la República por la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por "supuestos actos de obstaculización en torno a las acciones del equipo especial Lava Jato y de vulneración irregular de oficinas lacradas en la sede principal del Ministerio Público".
La acusación de Ávalos contra Pedro Chávarry fue procesada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y luego en el pleno del Congreso. Durante el debate, se retiraron los cargos de encubrimiento personal y organización criminal y solo se mantuvo el presunto delito de encubrimiento real.