Alistan quinta denuncia contra Pedro Chávarry en el Congreso

Por: Ricardo Monzón / Oscar Quispe

Desde que Pedro Chávarry asumió el cargo de fiscal de la Nación, el 20 de julio de 2018, se han presentado en el Congreso de la República cuatro denuncias constitucionales en su contra. Todas, sin embargo, están congeladas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el fujimorista César Segura, quien se niega a darles prioridad a pesar de la exigencia de la ciudadanía.

¿Casualidad? Ninguna, al parecer. El miércoles último, el fiscal José Domingo Pérez solicitó a su superior, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, que le envíe a Chávarry el requerimiento para que se le denuncie, se inhiba de la investigación y autorice que el fiscal supremo más antiguo, en este caso Pablo Sánchez, profundice las pesquisas en su contra.

Pérez acusaba a Chávarry nada menos que por la comisión de los presuntos delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real por aparentemente favorecer a Keiko Fujimori, lideresa del partido de César Segura, justamente en el caso Odebrecht.

Como las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, ya pidieron a Chávarry, en agosto, que se inhiba de ver la denuncia en su contra y este hizo caso omiso a la solicitud, no sorprendería que lo mismo ocurra ahora. Ante ello, el legislador Gino Costa, quien presentó una de las cuatro denuncias constitucionales que duermen en el Congreso, busca presionar al fiscal Chávarry con una nueva acusación, esta vez tomando la tesis de Pérez del supuesto favorecimiento a Keiko Fujimori.

“Lo que queremos es recoger los cargos que se levantan contra el fiscal por obstruir la investigación y por querer sabotear el acuerdo de colaboración con Odebrecht y darle formato de denuncia constitucional. Estamos trabajando en eso”, declaró Costa a Perú21.

Asimismo, dijo que, con la inscripción de nuevas bancadas, como la suya o la de Cambio 21, podría cambiar la composición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y las denuncias contra Chávarry podrían ver la luz. La tercera vía, anotó, sería que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), aprobada vía referéndum, revise la ratificación que el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aparentemente de manera irregular, otorgó a de Chávarry como fiscal supremo, antes de ser elegido como máxima autoridad del Ministerio Público.

En tanto, la congresista Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso (APP), quien es autora de otra denuncia en el Congreso contra el fiscal, expresó a este diario que la quinta denuncia “podría ser multipartidaria”.
“El tema pasa porque Fuerza Popular (FP) permita que la Subcomisión priorice este tema. Es un tema que tiene que ver con el Perú y con la gobernabilidad (...) Si el señor Chávarry no tiene nada que ver en las denuncias, pues dejen que lo investiguen y luego regresará a su cargo”, indicó.

En tanto, el parlamentario Miguel Torres, de FP, indicó que la denuncia de Pérez contra el titular del Ministerio Público podría ser un “exceso”, en vista de que, asegura, ya se han cometido en otros casos, como en el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori, el cual fue aceptado.

“No me llamaría la atención que pudiera ser un exceso teniendo en cuenta los antecedentes que se vienen produciendo”, declaró en RPP.

DEMORA RENOVACIÓN A LAS FISCALES SÁNCHEZ Y CASTRO

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, tiene en sus manos la solicitud que le hizo el fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, para que se amplíe el nombramiento de 78 magistrados provinciales y adjuntos a nivel nacional.

El 20 de diciembre, Chávez Cotrina le remitió el oficio N° 12147, en el cual describe las razones para renovarle la confianza por todo 2019 a ese grupo de fiscales, entre ellos, Rocío Sánchez y Sandra Castro, quienes investigan a Los Cuellos Blancos del Puerto.

“La fiscalías de este subsistema son netamente operativas... en el año han ejecutado un número significativo de medidas limitativas, detenciones, allanamientos e incautación de bienes. Dichos actos permiten identificar a los integrantes de una organización criminal...”, dice el documento enviado a Chávarry.

El oficio se encuentra en el despacho del titular del Ministerio Público desde hace ocho días, pero aún no firma la renovación. Fuentes allegadas al despacho supremo señalaron que el fiscal ya tomó conocimiento del tema y que la nueva resolución se encontraría redactada. Solo falta la rúbrica de Chávarry y podría darse en los próximos días.

La investigación sobre Los Cuellos Blancos también involucra al fiscal de la Nación.

En un informe, las magistradas Sánchez y Castro advirtieron de los vínculos de Pedro Chávarry con los imputados en uno de los mayores casos de corrupción judicial y tráfico de influencias de los últimos años.

TENGA EN CUENTA

- El fiscal Pérez pidió a su superior, Rafael Vela, que solicite al ministro del Interior, Carlos Morán, protección policial para su familia por una aparente “amenaza” del legislador fujimorista Carlos Tubino. Morán acogió la petición.

- Tubino, en Twitter, había cuestionado el actuar de Pérez y escribió: “No lo quisiera, pero los sufrimientos que origina, regresan”. En respuesta al requerimiento de Pérez, señaló que este trata de victimizarse y que jamás se atrevería a amenazar a una persona.

- De otro lado, dos abogados inscritos en el Apra, Patricia Tubilla y Ricardo Yturbe, interpusieron una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción contra Pérez por el supuesto plagio en su tesis de maestría.

- Alan García, líder aprista, es investigado por Pérez por los supuestos aportes de Odebrecht.