Pedro Castillo se alió con investigados y sentenciados para evitar vacancia

Un nuevo bloque político se conformó la noche del último lunes en Palacio de Gobierno. Sus integrantes son líderes de las agrupaciones parlamentarias que se opusieron a admitir la moción de vacancia presentada contra el presidente Pedro Castillo, a quien –en medio de la desesperación– poco le importó aliarse con dirigentes que destacan por su público prontuario.

Ese lunes, Vladimir Cerrón, el condenado dueño de Perú Libre, encabezó una improvisada conferencia de prensa al lado de José Luna (Podemos Perú), Patricia Li (Somos Perú), Rodolfo Pérez (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Edwin de la Cruz (Avanza País).

Sin embargo, este último fue expulsado en las últimas horas de su partido. La participación de De la Cruz era una contradicción a la postura adoptada por la bancada de Avanza País, que a través de la moción interpuesta por la congresista Patricia Chirinos inició con el proceso de vacancia presidencial.

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“Por encima del presidente, de la gobernabilidad, debemos defender la democracia del país”, declaró a la prensa Cerrón, el exgobernador de Junín que cumple una sentencia de cuatro años de prisión suspendida desde 2019.

La exautoridad, además, afronta nueve acusaciones fiscales por hechos de corrupción –como informó Perú21– y todas por su gestión al frente del gobierno de Junín (2011-2014).

Este año se le abrió una nueva investigación por lavado de activos (ver recuadro). El fiscal Richard Rojas Gómez indaga la procedencia de los aportes de campaña que recibió la candidatura de Pedro Castillo.

La hipótesis es que el dinero provino de las actividades ilícitas desplegadas por la organización criminal Los Dinámicos del Centro, que se enquistó en la administración de Junín que dirige Perú Libre.

Unas perlas

La otra dirigente que registra una sentencia es Patricia Li, la presidenta de Somos Perú (SP) que, muy enérgica, salió el pasado lunes en defensa de Castillo.

Li fue condenada a cuatro años de prisión suspendida en 2011 por cometer el delito de peculado siendo alcaldesa de Punta Negra (2003-2006). La información fue difundida por este diario a inicios de este año.

Además, la titular de SP fue acusada por el delito de defraudación tributaria en el caso Balarezo. Según la Fiscalía, en 1997 Patricia Li comercializó facturas de compañías al empresario Lelio Balarezo para que este simulara gastos que su firma Balarezo Contratistas Generales S.A., conocida en el sector construcción, nunca realizó.

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Li se acogió a la prescripción en 2013, pedido que fue confirmado por la Sala Penal Nacional dos años después. En otras palabras, la dirigente de SP no es inocente, consiguió librarse de lo que pudo ser una condena de 12 años de cárcel.

De otro lado está José Luna, dueño de Podemos Perú. El hoy congresista cumple comparecencia con restricciones mientras es investigado por la inscripción irregular de su partido político.

Según la Fiscalía, el parlamentario habría intervenido ilegalmente en la elección del exjefe de la ONPE Adolfo Castillo a fin de conseguir que su agrupación participe en elecciones.

El propietario de la Universidad sin licencia Telesup también afronta un proceso por lavado de activos. El equipo especial Lava Jato le imputa haber recibido US$480 mil ilícitos de la empresa brasileña OAS para financiar la campaña a la Alcaldía de Lima de Luis Castañeda Lossio.

En 2020, un equipo de fiscales y policías acudió a la casa del nuevo aliado del presidente Castillo para incautar documentación que sustenta la indagación en su contra.

Otro de los que respaldaron a Castillo fue César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso (APP), quien es investigado por lavado de activos.

También se sumaron a ese apoyo el secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, y el presidente de Juntos por el Perú y actual ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

Ninguno de los dos se inmutó al salir en la misma foto con los cuestionados dirigentes políticos, y todo por respaldar a Pedro Castillo.

Castillo aún no ha aclarado por qué mantuvo reuniones clandestinas con proveedores del Estado, empresarios y funcionarios en una casa de Breña. Tampoco ha explicado por qué había US$20 mil en el baño de la oficina de su exsecretario Bruno Pacheco.

Tenga en cuenta

-La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fijó para el 14 de diciembre un interrogatorio al presidente Pedro Castillo por presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

-Ha pasado una semana desde que la premier Mirtha Vásquez anunció que Castillo está “dispuesto” a precisar los nombres de las personas con las que se reunió en Breña. Hasta ahora no hay información.

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