El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el jueves 27 de octubre, a las 10:00 horas, la audiencia de la tutela de derechos presentada por la defensa legal del presidente de la República, Pedro Castillo.
Como se recuerda, Benji Espinoza, abogado del mandatario, presentó ante el Poder Judicial una tutela de derechos con el propósito de anular la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de Castillo Terrones.
Según el letrado, este recurso busca que se convoque a una nueva audiencia en la que se evalúe si la denuncia respeta la tutela judicial efectiva.
“Le estamos pidiendo al juez supremo que convoque a una nueva audiencia de tutela de derechos para que se debata si esta denuncia constitucional formulada por el Ministerio Público en realidad respeta o no la tutela judicial efectiva”, declaró a la prensa.
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El defensor del jefe de Estado explicó, además, que el juez Juan Carlos Checkley estableció en la tutela del caso ‘puente Tarata’ que el Ministerio Público no puede formalizar o continuar con la investigación preparatoria.
El pasado 11 de octubre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
A Castillo se le imputa ser el presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, agravada por su condición de líder de una estructura vertical, así como por tráfico de influencias agravado y colusión.
La denuncia constitucional también incluye a los exministros Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
La supuesta red criminal liderada por el mandatario operó, de acuerdo con la fiscalía, en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Petroperú.
Tras ello, el viernes 14, se dio cuenta de la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La presidenta de este grupo de trabajo, Lady Camones (Alianza para el Progreso), explicó que, a partir de esta fecha, tendrán diez días hábiles para elaborar un informe de calificación que determinará si se declara procedente o improcedente.