La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la orden de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, sindicado de encabezar una organización criminal que se repartió obras públicas y contratos durante su gobierno.
Para el Ministerio Público, Castillo estuvo detrás del direccionamiento de millonarios proyectos. Uno de ellos el Puente Tarata, ubicado en San Martín, que estaba valorizado en más de S/304 millones.
Las evidencias apuntan a que, en 2021, el entonces ministro de Transportes, Juan Silva, facilitó la licitación en favor del Consorcio Puente Tarata III luego de que la lobista Karelim López visitara a Castillo en Palacio y en la casa de Sarratea. López era representante del referido consorcio.
Por este caso, la solicitud de prisión preventiva también se extiende a Silva, quien está prófugo desde el año pasado.
El caso de Vivienda está referido al direccionamiento de las obras de saneamiento comprendidas en el Decreto de Urgencia 102-2021, y cuyo valor sumado asciende a S/500 millones. De acuerdo a la investigación, el entonces titular del sector, Geiner Alvarado, encaminó las órdenes del exjefe de Estado.
Ante la posibilidad de fuga, el tribunal también dictó prisión preventiva contra Alvarado, quien hasta hoy cumplía comparecencia con restricciones.
El último hecho ilícito que se atribuye al exmandatario es por su participación en el contrato que suscribió Petroperú con la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) para la compra de biodiésel por US$74 millones.
Días antes de la adjudicación del contrato, el dueño de HPO, Samir Abudayeh, se reunió con Castillo en Palacio y con el entonces gerente general de la empresa estatal Hugo Chávez, según los registros de visitas de octubre del 2021.
Por estos motivos, el fiscal Terán proyecta una pena de 31 años y 4 meses de cárcel para el exgobernante.