Oscar Caipo, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), aseguró a Perú21.TV que los más afectados por los actos vandálicos en los campamentos mineros son los trabajadores.
Han emitido un comunicado en el que piden al gobierno que actúe y no sea complaciente con estos actos de violencia…
Rechazamos todo acto de violencia y que estos se normalicen como una forma de alcanzar objetivos. Lo que ha pasado está poniendo en riesgo la integridad física de miles de trabajadores, personas de la comunidad, y causa grandes daños a la propiedad privada y al medio ambiente vulnerando los derechos.
¿Estos ataques son responsabilidad del gobierno?
Creemos que sí. No podemos permitir que cualquier reclamo llegue a una escalada de violencia. Entendemos que el puesto del encargado de la PCM de resolver los conflictos sociales, el viceministro de Gobernanza, ha quedado vacío porque han nombrado una persona que tenía cuestionamientos. Esta crisis es una de las más graves en estos 100 días de gobierno.
¿Cuál es el daño para el país ?
Esto tiene un impacto directamente económico de 14 millones de dólares diarios de ingresos, dejando de contribuir aproximadamente 4 millones al día (al fisco). Además, el 90% de los proveedores de Antamina son locales contribuyendo con 2.9% al PBI (de Áncash) y con el 2% en impuestos. El Gobierno debería enfocarse en dar señales de estabilidad y confianza para trabajar con la empresa privada.
¿Cuál es la hipótesis que se maneja desde la Confiep por la inacción del gobierno?
Las personas en el Gobierno no se dan cuenta del nivel de responsabilidad que tienen. Deben despojarse de sus antecedentes de trabajo, de activismo y de los sesgos ideológicos que tienen para darse cuenta de que si bien son un gobierno de izquierda, no implica que por ello no puedan trabajar de una manera colaborativa con el sector privado.