Por mayoría, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe final de la investigación sobre las reuniones clandestinas del presidente Pedro Castillo con ministros, congresistas, funcionarios y empresarios en una vivienda del pasaje Sarratea, en Breña, y será debatido la próxima semana en el Pleno.
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El documento, que contó con el respaldo de Perú Libre, concluye que el mandatario encabeza una organización criminal y que los encuentros en Sarratea se llevaron a cabo para “planificar actos de corrupción”. En ese contexto, recomienda que se formule acusación constitucional en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y colusión; cargos que se hacen extensivos al hoy prófugo extitular de Transportes Juan Silva y del Interior, Juan Carrasco Millones.
El grupo de trabajo también arribó a resultados en sus indagaciones sobre el caso Puente Tarata II, en el que concluye que está “comprobado” que el mandatario recibió “beneficios económicos” de las empresas favorecidas con la obra. Asimismo, sostiene que Castillo intervino en el proceso de ascensos de los altos mandos militares y dio su anuencia para que su entonces secretario, Bruno Pacheco, presionara al jefe de la Sunat para beneficiar a empresas.