(GEC)
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La fiscal anticorrupción Norah Córdova encabezó este lunes dos diligencias para recabar información sobre la presunta licitación irregular que ganó, el 11 de noviembre último, la compañía Heaven Petroleum Operators (HPO) para venderle biodiésel por US$74 millones a Petroperú. Pero encontró como el mayor obstruccionista de su trabajo al presidente , el principal protagonista en este nuevo escándalo que envuelve a su gobierno.

Una de las intervenciones del grupo de fiscales fue en Palacio de Gobierno, la otra en la sede de la empresa estatal.

El equipo de fiscales encabezado por el adjunto Luis Alberto Medina llegó a la 1:00 p.m. a la Casa de Pizarro y esperó por 45 minutos fuera del edificio a que los dejaran ingresar. Esta, sin embargo, fue una pequeña traba en comparación a lo que vino después.

Medina se vio obligado a levantar un acta, ya dentro del recinto, porque fue impedido de ingresar a la oficina de la Secretaría General por orden del propio Castillo.

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El documento, al que accedió Perú21, indica que a las 2:30 p.m. se pidió al director general de Asesoría Jurídica, Julio Salas, que se comunique con el secretario general Carlos Jaico para autorizar el ingreso a la referida oficina.

El fiscal dejó constancia que Salas le señaló que, de acuerdo a lo manifestado por Jaico, “el presidente de la República Pedro Castillo Terrones es el que no autoriza el ingreso del personal fiscal a la oficina de Secretaría del Despacho de la Presidencia”.

Fiscales en operativo realizado en Palacio de Gobierno.
Fiscales en operativo realizado en Palacio de Gobierno.

De esta manera, el presidente parece estar siempre solícito para recibir a ‘empresarios’ que buscan ganar licitaciones, pero no para responder a la justicia.

¿Qué quiso ocultar el presidente? Ese fue el mismo despacho en el que, en una anterior diligencia, otro equipo de fiscales encontró US$20 mil en efectivo cuando el secretario presidencial era el investigado Bruno Pacheco.

Las diligencias en Palacio y PetroPerú fueron la primera acción que desplegó Córdova tras abrir investigación preliminar por 8 meses contra las personas que estuvieron relacionadas al aparente favorecimiento a la empresa Heaven Petroleum.

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De acuerdo a Panorama, Castillo recibió el pasado 18 de octubre en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum; y a Karelim López, la lobista que es investigada también por otra adjudicación de una millonaria obra en la región San Martín que tiene visos de corrupción.

Cuatro días después de ese encuentro se inició con el proceso de adquisición; de pronto, Petroperú necesitaba comprar biodiésel. De acuerdo con el programa dominical, durante el proceso se dejó a un lado la convocatoria de postores extranjeros para beneficiar a HPO.

Chávez fue designado gerente general en la empresa estatal durante el gobierno castillista. Apenas tiene tres meses en el cargo.

En su disposición, la fiscal Córdova anuncia que pondrá en conocimiento este caso a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que tome acciones contra el mandatario “de acuerdo a sus atribuciones”. Debido a la investidura presidencial, solo Ávalos podría investigar al jefe de Estado.

Para el penalista Carlos Caro, la orden de Castillo representa “una clara obstrucción a la justicia”, y señaló que el Ministerio Público puede solicitar una orden de allanamiento al Poder Judicial.

“Cualquier juez anticorrupción aprobaría esa orden de inmediato. El presidente tiene inmunidad personal, no patrimonial. Que ponga barreras a la investigación implica un peligro procesal”, explicó.

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