La Contraloría General que han solicitado información al despacho presidencial para conocer sobre las reuniones secretas que el presidente de la República, Pedro Castillo, tuvo de manera irregular.
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Según la Contraloría señala en el oficio, esta decisión fue tomada “como parte de las acciones de control, y de corresponder, la identificación de responsabilidades a fin de garantizar el respeto y la transparencia en el ejercicio de la función pública”.
Tras la nota de ‘Cuarto Poder’, donde se pone en evidencia reuniones secretas del presidente Castillo con autoridades y otros personajes, la Contraloría General “ha alertado oportunamente y recomendado al Poder Ejecutivo y a otras entidades públicas, la adopción de medidas correctivas en relación al incumplimiento del registro de visitas que podrían significar alguna gestión de intereses”, dicen en el documento.
Además de solicitar información, esta misma entidad ha iniciado una investigación “a efectos de verificar las contrataciones y/o adjudicaciones realizadas por Provias Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a una empresa vinculada a supuestas gestiones de intereses”, a partir de la investigación publicada en el diario El comercio.
Y es que, la amiga del exsecretario presidencial y ahora investigado visitó seis veces al presidente Pedro Castillo y a Pacheco y su empresa fue contratada por el estado. Ella es Karelim López, asesora de una de las empresas del Consorcio Puente Tarata III a quienes les brindaron la buena pro por S/232,5 millones dos días después que López se reuniera por última vez con ambas autoridades. Más adelante, el consorcio fue contratado.
“El marco normativo peruano establece con claridad que toda autoridad, funcionario y servidor público, deben registrar y publicar el detalle de las reuniones y gestiones que sostengan en el ejercicio de su función. El incumplimiento de estas obligaciones afecta la integridad, la credibilidad, la institucionalidad y es pasible de responsabilidades por los órganos sancionadores competentes”, se asevera en el documento de la Contraloría.
Añaden que la entidad “ha alertado oportunamente y recomendado al Poder Ejecutivo y a otras entidades públicas” para que se adopten medidas que corrijan este tipo de casos donde se observa “el incumplimiento del registro de visitas que, entre otros aspectos, podrían significar alguna gestión de intereses”.