Ministro de Justicia confirmó que conversó con abogado de José Luna sobre pedido para ser fiscal supremo

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, confirmó que el abogado de José Luna, Mateo Castañeda, le propuso –como informó Perú21– que el gobierno de Pedro Castillo acepte una “solución amistosa” para que el Estado lo designe como fiscal supremo y no esperar a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Este diario reveló que la cita sucedió el pasado jueves 7 de octubre en el despacho ministerial ubicado en la calle Scipión Llona 350, en Miraflores

“(la reunión) sí sucedió de acuerdo a ley, pero no se llegó a ninguna conclusión porque eso es materia de estudio, él (Castañeda) sigue un reclamo sobre su situación como postulante a fiscal supremo, y considera que ha ganado el concurso (en 2010) pero no lo han reconocido”, declaró Torres a este diario.

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El titular de Justicia, no obstante, no quiso precisar cómo el defensor legal del investigado Luna, aliado de Castillo desde que se frustró el proceso de vacancia presidencial, coordinó esa cita concretada el 7 de octubre pasado en su despacho.

“No sé cómo la pidió (la reunión) pero él ha ingresado, se registró y salió”, respondió exaltado el ministro, que no quiso contestar más preguntas. Castañeda está a la espera del fallo de la Corte-IDH y confía en que será a su favor.

El reclamo de Castañeda es que en 2010 ganó una de las tres plaza de fiscal supremo que se sometieron a concurso tras ubicarse como el tercer postulante con mejor puntaje. No obstante, el hoy disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligió al segundo (Carlos Ramos) y al quinto puesto (Pedro Chávarry) como ganadores de las vacantes.

Lo que vino después fue una larga disputa legal. Castañeda interpuso recursos ante el Poder Judicial y luego ante el Tribunal Constitucional para ser reconocido como ganador del concurso. Al quedar insatisfecho con las decisiones, recurrió en 2014 a la Corte-IDH, que la semana pasada condenó al Estado peruano por la destitución arbitraria de jueces y fiscales entre 2001 y 2002.

El letrado está convencido de que la Corte emitirá un fallo a su favor.

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