El gobierno de Castillo usa recursos públicos para promover la convocatoria de una Asamblea Constituyente. (Foto: Presidencia)
El gobierno de Castillo usa recursos públicos para promover la convocatoria de una Asamblea Constituyente. (Foto: Presidencia)

Una nueva investigación penal podría caer en el Gobierno. Especialistas advierten que la Fiscalía y las autoridades electorales deben investigar los presuntos delitos e infracciones que habría cometido la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con a la cabeza, al difundir propaganda política a favor de una nueva Constitución, como quiere Vladimir Cerrón y sus aliados radicales, en medio de la campaña por los comicios municipales y regionales a realizarse el 2 de octubre.

El 4 de enero último, el presidente convocó a las referidas elecciones. Desde aquel momento está prohibida la publicidad estatal, salvo caso de “impostergable necesidad o utilidad pública”, según indica el artículo 192° de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859).

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Lejos de cumplir con la ley, el Gobierno emprendió una maquinaria propagandística para impulsar el improvisado –ahora archivado por el Congreso– proyecto de ley que pretendía efectuar un plebiscito para la instalación de una Asamblea que redacte una nueva Constitución.

La campaña no solo contó con videos y publicaciones en redes sociales de la PCM y la Presidencia de la República, sino también con eventos organizados por el Ministerio de Justicia e incluso con un evidente direccionamiento en el diario oficial El Peruano.

“La publicidad estatal está prohibida en etapa electoral. Entiéndase desde que se convoca a elección hasta que esta es declarada finalizada, eso es cuando el JNE emite una resolución donde la da por concluida”, dijo José Tello, especialista en temas electorales, a Perú21.

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Tello agregó que durante el periodo electoral ninguna institución pública puede sacar ningún tipo de publicidad estatal, a menos que sea de extrema necesidad nacional.

Para Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, el video difundido por la PCM en que se ve a explicando a dirigentes de Espinar (Cusco) los beneficios que traería una nueva Carta Magna, infringe dos normas: la prohibición de la publicidad estatal y la aparición de una autoridad en la propaganda. “Aparece la figura y testimonio del presidente del Consejo de Ministros, lo cual es una prohibición adicional”, puntualizó.

“No pueden contrabandearse mensajes con colores alusivos a una organización política. También se tiene que reportar al JNE para que determine que no se está burlando las regulaciones”, concluyó Rotta.

Similar posición expuso el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, quien señaló que la PCM debió demostrar la utilidad del aviso que difundió y ser reportado ante los Jurados Electorales Especiales (JEE).

El Ministerio de Justicia, que tutela Félix Chero, ha lanzado un ciclo de conversatorios que llevan como título “Crisis política: ¿Solución constitucional?”. La actividad está programada para el 12 de mayo y contará con la participación de Omar Cairo, quien evitó responder a este diario sobre el rol que desempeñará en la actividad.

También estará Pedro Grández, quien aparece en”, según está consignado en el atestado 228-D1-DIRCOTE al que accedió este diario.

Atestado 228-D1-DIRCOTE
Atestado 228-D1-DIRCOTE

Quien sí respondió fue la exministra de Justicia Ana Neyra. Afirmó que fue invitada a comentar “con un corte académico” la ponencia del profesor canadiense Maxwell A. Cameron.

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Usaron diario oficial

El diario oficial El Peruano puso en portada el 4 de mayo una nota en favor del referéndum con oraciones fácticas como “ofrece salida a la inestabilidad”.

Ante ello, Carlos Caro, abogado penalista, resaltó que se debe indagar el uso político de ese diario, siendo un medio de información que funciona con recursos del Estado.

“No se trata de intervenir en la línea editorial del periódico desde luego, pero tendría que investigarse si esas portadas son producto de una legítima libertad de prensa o hubo orden de alguien”, dijo.

El penalista Luis Lamas Puccio, en tanto, aseveró que se debería conocer qué entidades del Estado han funcionado como aparatos de propaganda. “Se debe investigar, sin perjuicio de que también se están utilizando medios y recursos que pertenecen al Estado, como es el caso del diario El Peruano y otras fuentes informativas que pertenecen al Estado”, concluyó.

Lamas Puccio remarcó que es el JEE de Lima Centro la entidad que debe pronunciarse y abrir un proceso para emitir las sanciones correspondientes. “Se debe informar estos hechos a la Fiscalía, que debería abrir una investigación preliminar respecto a los posibles delitos de peculado y malversación de fondos”, sentenció.

El politólogo Alonso Cárdenas consideró que el Ejecutivo inició la maniobra pro Asamblea Constituyente como “cortina de humo” para tapar todos los problemas que el régimen afronta. “El proyecto tiene puras deficiencias, fue acusado de plagio, eso denota mucho el nivel de improvisación”, manifestó a este diario.