La aplicación de una ley con nombre propio, que permitió —justo a tiempo— que el hoy presidente del Congreso, Alejandro Soto, se libre de una sentencia de más de ocho años de prisión por estafa y falsedad genérica, ha puesto prácticamente fin a las pretensiones de la empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu de encontrar justicia en el ámbito penal.
Ahora que el juez ha declarado el archivo del caso por prescripción, ley que el mismo Soto impulsó en el Parlamento y hasta votó para su aprobación el 25 de mayo último, la parte afectada reclamará, aunque ya por la vía civil, una reparación civil de más de 300 mil soles contra el legislador apepista.
“Cuando salga la sentencia y se acredite el daño y se vea que efectivamente se actuó de mala fe y el juez decida aceptar nuestra pretensión de indemnización significará que en el fondo teníamos razón. Será de alguna manera una victoria”, explica Darwin Urquizo, abogado de Waynapicchu, quien ha reconocido que igual el proceso será complicado.
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El letrado señaló que en la audiencia del pasado 21 de julio, donde el juez titular del Tercer Juzgado Penal del Cusco, Carlos Román Gilse, dictó el sobreseimiento, la Fiscalía no se pronunció, por lo que es poco probable la apelación a este fallo.
PRESCRIPCIÓN DISCUTIBLE
Para Urquizo la prescripción en este caso es discutible, pues se tomó como referencia en ambas acusaciones fiscales —las referidas al estatuto de la empresa como a la compra del terreno— la fecha de firma del contrato, es decir 2012, cuando debió fijarse como plazo la fecha del último pago, 2014, con lo que no habría alcanzado la nueva aplicación de la prescripción recortada ahora a un año.
Para Andy Carrión, especialista en temas penales, hay poco que hacer en este caso para la empresa, tras la ley que recorta el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal.
“El tema de la prescripción ya es casi una cuestión matemática con esta nueva norma aprobada en el Congreso. Si ya prescribió, ya hay poco que hacer, en realidad. Y en rigor es poco probable, además, que se pueda ganar la reparación civil, si este proceso avanza solo. Otra situación sería si se da un proceso principal y luego la reparación civil”, señaló Carrión para Perú21.
Waynapicchu denunció a Soto por no cumplir con redactar los estatutos de la compañía y quedarse con los 20 mil soles que le pagaron.También le imputa el haberles vendido un terreno y no informar que era de su propiedad.
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