Carlos Rivera también estimó que Hinostroza Pariachi será procesado por delitos cuyas penas son menores a cuatro años de prisión. (Foto: GEC)
Carlos Rivera también estimó que Hinostroza Pariachi será procesado por delitos cuyas penas son menores a cuatro años de prisión. (Foto: GEC)

Carlos Rivera, abogado de los deudos de Lucho Manrique Escobar, anunció hoy que pedirá a Control Interno del Poder Judicial que abra investigación a los magistrados que se comunicaron con el exjuez antes de absolver al exalcalde de San Borja, el coronel EP (r)  de una condena por desaparición forzada.

que el lunes 7 de febrero de 2017, un día antes de que Álvarez fuera absuelto por el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, Hinostroza llamó a los magistrados Omar Pimentel y Alfonzo Payano, miembros de ese tribunal. Y eso sucedió solo horas antes de que el prófugo exmagistrado hablara vía telefónica con el exburgomaestre, de acuerdo a registros de llamadas que maneja la Fiscalía.

"Hubo comunicaciones y seguramente el sentido de esas llamadas fue consultar cómo iba el caso, esa ha sido la finalidad, pero tanto Pimentel como Payano de hecho sabían para qué Hinostroza los estaba llamando, sin duda. Esas llamadas son absolutamente irregulares", declaró Rivera a Perú21.

En esa línea, el letrado sostuvo que este caso se presenta "como uno de ámbito penal". "Vamos a solictar a control interno (del Poder Judicial) que abra una investigación contra Pimentel y Payano", aseveró.

Este diario se comunicó con Payano, quien reconoció que existía una amistad con Hinostroza, pero negó que haya conversado con él sobre los procesos que tenía a su cargo. El juez Pimentel no contestó nuestras llamadas.

Intentamos hablar con Marco Álvarez, quien es actual regidor de Lima, a través de prensa de la municipalidad pero no hubo respuesta. La autoridad edil participó esta mañana de sesión del concejo municipal.

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional absolvió al regidor, el 8 de febrero de 2017, del caso de desaparición forzada de Lucho Manrique Escobar, ocurrida en 1989 en Huancavelica, cuando el oficial era jefe del Comando Político Militar de la zona.

Sin embargo, la Corte Suprema declaró nula esa absolución el 25 de julio del 2018 y ordenó a abrir un nuevo juicio. De acuerdo a Rivera, desde esa fecha, aún no se designa la sala penal que tomará el caso.