Junta de Fiscales Supremos respalda a la titular del Ministerio Público

A través de un pronunciamiento público, la Junta de Fiscales Supremos respaldó la decisión de la Fiscalía de la Nación de formular una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y otros altos funcionarios por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Tras la arremetida de sectores afines al gobierno contra la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, la Junta de Fiscales Supremos subrayó que los fiscales a nivel nacional “actúan con independencia, autonomía y objetividad” y “respetando el debido proceso y las garantías procesales de los investigados”.

En esa línea, rechazó “cualquier forma de actuación que busca frenar y obstaculizar las investigaciones fiscales”, en clara alusión a la tutela de derechos planteada por la defensa legal del jefe de Estado con la que se pretende bloquear las indagaciones.

Asimismo, la Junta hizo un llamado a que se “respete de manera irrestricta la autonomía constitucional del Ministerio Público por todos los poderes y organismos constitucionales que conforman el Estado peruano” e hizo hincapié en que las acciones de la Fiscalía de la Nación se realizan “en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales”.

MIRA: Víctor García Toma retira su candidatura a Defensor del Pueblo

INTERPRETACIÓN DEL 117º

De otro lado, el Congreso de la República presentó al Tribunal Constitucional una demanda de ampliación para que interprete el artículo 117º de la Constitución Política, referido a la denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Y es que de acuerdo a dicho artículo, el mandatario solo puede ser acusado por cuatro motivos: traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, congresales, regionales o municipales; disolver el Congreso e impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Dado que la denuncia de la fiscal de la Nación en su contra es por otros motivos, el Parlamento requiere una interpretación al respecto.

TENGA EN CUENTA

El 10 de octubre, la Procuraduría del Congreso presentó una demanda competencial en contra del Poder Judicial por un conflicto de atribuciones en la elección del Defensor del Pueblo y de los magistrados del TC.

Hasta el momento, el TC no se ha pronunciado.

VIDEO RECOMENDADO