La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó que se debata nuevamente el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra la destituida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, sindicada de encabezar una organización criminal.
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El tribunal acogió la apelación de la fiscal suprema Delia Espinoza, quien alegaba que el juez supremo Juan Carlos Checkley no había analizado debidamente las evidencias que presentó.
Espinoza describió once hechos delictivos en los que habría participado Benavides y sustentó su solicitud mostrando 67 pruebas. Pero Checkley, de acuerdo a la sala presidida por el juez César San Martín, solo evaluó 16 de los elementos.
“(El juez) indicó que se realizó una evaluación de los elementos de convicción “aportados”, cuando en realidad no se evaluó todo el caudal probatorio aportado, lo cual constituye una motivación incompleta”, se lee en la resolución emitida el 5 de julio a la que accedió Perú21.
Los magistrados coincidieron en anular la resolución de primera instancia y disponer una nueva audiencia en la que otro juez supremo tome una decisión sobre el requerimiento fiscal.
A la exfiscal suprema se le imputa que, siendo titular del Ministerio Público, coordinó con legisladores su blindaje político a cambio de archivar investigaciones.
El exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, confesó que coordinó con legisladores para emprender la defenestración de la restituida fiscal Zoraida Ávalos y de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
