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Desde el 2017, los seis partidos políticos con representación en el Congreso serán beneficiados con el financiamiento público directo, que está contemplado en la Ley 30414, que a principios del presente año modificó la Ley de Organizaciones Políticas 28094.
¿Cuánto dinero destinará el Estado para estas agrupaciones? La norma establece, en su artículo 29, que se entregará el 0.1% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada voto emitido a favor de cada representante al Congreso. El monto exacto se calculará al conocer el valor de la UIT del 2017, la cual aumenta cada año en nuestro país.
De aplicarse la fórmula al valor actual de la UIT, serían S/3.95 tomando en cuenta las elecciones parlamentarias. Se destina el 40% en partes igualitarias entre los seis partidos que tienen congresistas electos, y el 60% en proporción a los votos obtenidos en la elección de la primera vuelta. Se entrega una quinta parte del dinero por año.
Muchas son las dudas que, en el proceso electoral, se ciernen sobre los aportes económicos que las agrupaciones políticas consiguen para financiar sus millonarias campañas, ya que lo recibían únicamente de empresas privadas o personas naturales.Ahora que recibirán financiamiento del Estado, ¿es el inicio de la solución al problema de los aportes ilícitos en las fuerzas políticas?Tres analistas electorales, consultados por Perú21, coincidieron en que el problema persistirá y que se tienen que hacer esfuerzos para cambiar el panorama.
Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sostuvo que aunque ahora recibirán dinero del Estado, este "está destinado, según dice la ley, a gastos ordinarios, a formación y capacitación, y no a la campaña, lo cual es un error". Por ende, dijo, seguirán necesitando fondos privados.
Según añadió, los congresistas del anterior Parlamento se limitaron a no consignar que los recursos podrían ser usados para hacer proselitismo por temor a la impopularidad que eso generaría. "Es ilógico que uno pueda pensar que un partido necesita igual dinero el 2018, que hay elecciones, que el 2019, que ya no las hay", puntualizó.
En tanto, el secretario general de la asociación civil Transparencia, Gerardo Távara, señaló que "el dinero no está destinado para la campaña electoral, ahí hay un vacío en la norma general".
Indicó, incluso, que en caso de que alguna agrupación política utilizase el financiamiento recibido del Estado para actividades proselitistas podría ser sancionada por la ONPE quitándole la asignación del monto establecido. Távara opinó que el financiamiento público "de alguna manera contribuye, pero no es suficiente para evitar que el dinero ilícito esté en las campañas electorales".
Finalmente, el director del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales, Diethell Columbus, dijo que una medida que sí ayudaría a reducir el riesgo de los aportes ilegales a los partidos es que el Estado suprima la franja electoral, que es el financiamiento público indirecto, para destinar el dinero invertido a los bolsillos de los partidos, para que lo utilicen en sus campañas.
"Eso ayudaría a reducir la sospecha de dinero sucio. El Estado paga por la franja electoral aproximadamente S/30 millones. Desde mi perspectiva, es dinero tirado al agua porque nadie lo ve", subrayó.
Los tres expertos mostraron una misma postura en torno a que la norma actual no precisa cuál será el mecanismo de repartición del dinero para las agrupaciones que tengan representantes en el Congreso y que postularon en alianzas.Tuesta dijo que la misma alianza "debe señalar cómo se va a distribuir ese dinero". Távara indicó que es "una dificultad que ONPE tiene que resolver". Mientras que Columbus añadió que el financiamiento debería ser "en proporción a la cantidad de congresistas que colocó cada partido" integrante de la unión electoral.
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