Un total de S/5'272,259 fue el monto de los aportes recibidos por el Partido Nacionalista Peruano (PNP) durante las campañas electorales de 2006 y 2011 que, sin embargo, los líderes de esa agrupación no han podido justificar ante las autoridades que investigan este caso. Es decir, tal dinero se habría registrado como aporte, pero ese monto nunca se invirtió en ambas contiendas.
Durante la última audiencia judicial del caso Humala, el fiscal Germán Juárez –a cargo de investigar a la ex pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión a raíz de las entregas económicas– precisó que en la campaña de 2006 no se ha podido sustentar S/1'058,953; mientras que en la del año 2011 el monto cuestionado asciende a S/4'213,306.
El magistrado señaló que durante los interrogatorios fiscales, un determinado número de personas manifestaron que no entregaron dinero, como aportes, al PNP y en otros casos que la suma que figura en el registro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha sido, presuntamente, adulterada.
Fuentes fiscales no han descartado que ese dinero haya sido invertido por la ex primera dama en la compra de inmuebles, depósitos de cuentas en el extranjero y constitución de empresas.
Por ello, el fiscal Juárez tiene la hipótesis de que una parte del dinero proviene de presuntos actos de corrupción del Gobierno de Venezuela, durante la gestión del extinto Hugo Chávez, y de empresas brasileñas.
Cabe recordar que, según un informe de la ONPE, de enero de 2012, existen 15 aportantes falsos que habrían entregado aportes que suman S/1'566,060.
APELARÁ FALLOPor su parte, Julio César Espinoza, abogado del ex presidente Humala, apelará la resolución del juez Richard Concepción, quien ordenó que su patrocinado pague una caución de S/50 mil y que cumpla con una serie de reglas de conducta. Tiene tres días para interponer el recurso de apelación.
Al respecto, el ex procurador anticorrupción Christian Salas manifestó a Perú21 que es muy poco probable que la Sala Superior varíe una medida como la emitida, ya que, según consideró, las medidas coercitivas en este tipo de procesos son comunes.
Sin embargo, indicó que el procesado está en su derecho de solicitar que se varíe o reduzca el monto de la caución.
En su defensa, el ex congresista nacionalista Fredy Otárola cuestionó la decisión del juez Concepción.
"Esas medidas solo se toman contra aquellos que se rehúsan a una investigación. Esto es un abuso y un maltrato innecesario. No hay ningún asidero para esta serie de restricciones", dijo en RPP. No descartó que el Apra esté detrás de esta decisión judicial.
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