Martín Vizcarra la libró. El expresidente, destituido por su desvergüenza de vacunarse contra el coronavirus a espaldas de un país que veía cómo miles morían en pandemia, se ha salvado de una nueva denuncia constitucional. La Fiscalía lo ha salvado. Juan Carlos Villena, el interino fiscal de la Nación, se ha encargado de archivar la investigación en su contra por la compra irregular de un 1′400,000 pruebas rápidas para la detección del COVID-19.
Vizcarra ha sido blindado. Villena ha dispuesto que no hay mérito para presentar denuncia constitucional contra él, archivando de manera definitiva la investigación en su contra. Así, el vacado expresidente no podrá ahora volver a ser investigado por este caso en el que se le acusaba de concertar con empresas farmacéuticas privadas la compra de pruebas serológicas en plena pandemia del coronavirus y por la emisión de decretos de urgencia para facilitar la compra de estas pruebas.
Vizcarra ha caído parado. A Edward Málaga le huele a impunidad. El congresista no agrupado y columnista de este diario ha reaccionado con indignación ante esta disposición del fiscal, que concluyó que no hubo indicios suficientes para probar la responsabilidad del exmandatario en el delito de colusión simple y negociación incompatible.
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“Me genera preocupación que este caso quede impune. Sí, mi primera impresión es que esto es impunidad. Esta decisión deja la impresión de que de alguna manera Vizcarra tenga injerencia en la Fiscalía. Como que le están dejando el camino libre con este archivamiento”, dijo el parlamentario a Perú21.
Para Málaga, el Congreso y la Fiscalía concentraron esta denuncia en el delito de colusión y este, iba a ser difícil de probarse, tal como ocurrió. “El problema moralmente mayor es la negligencia de no haber hecho lo correcto. Es una negligencia mortal”, indicó el parlamentario. Recordó que en su calidad de científico fue parte de una comisión de asesores que convocó el Ministerio de Salud en épocas de pandemia y que el grupo de expertos hizo la recomendación de no usar esas pruebas sino las moleculares, aunque, asegura, nunca les hicieron caso.
“Yo estoy doblemente mortificado, disgustado, por esta noticia, no solo porque no se nos hizo caso sino porque ahora se comprueba esta impunidad. También diría que esta decisión arroja aún más dudas de las que ya teníamos sobre la calidad del trabajo de la Fiscalía”, señaló.
LAS RAZONES DE VILLENA
La denuncia contra Vizcarra fue presentada por la exprocuradora Katherine Ampuero, quien señaló que el 18 de marzo de 2020 se habría dado una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se habría acordado con las empresas privadas la adquisición y uso de pruebas rápidas.
El documento de disposición fiscal firmado por Villena señala que no se encontró información que revele que el expresidente haya concertado con terceros interesados o actuado sospechosamente o de manera indebida en algún nivel de las conversaciones sostenidas que presuman su responsabilidad en las condiciones previas, entrega o algún otro aspecto de la adquisición de estas pruebas.
En el escrito se señala que durante las investigaciones los asistentes a esta reunión coincidieron en asegurar que Vizcarra solo escuchó la información recogida de reuniones previas sobre estos productos.
También quedaron exentos de esta investigación tres exministros: María Antonieta Alva, de Economía; y Elizabeth Hinostroza y Víctor Zamora, de Salud, a quienes tampoco se les puede volver a investigar.
Para el abogado penalista Andy Carrión, el caso sí ameritaría una denuncia constitucional contra el vacado exmandatario. “No solamente por el secretismo y las personas que participaron en las reuniones, sino porque además habría habido eventuales favorecimientos a terceros y que, en rigor, ameritaría una investigación mucho más prolija en caso del Ministerio Público”, señaló a Perú21.
Carrión advirtió que existen otras investigaciones relacionadas con este caso que podrían verse afectadas por el archivo de esta denuncia constitucional y que el caso solo podrá ser reactivado “si existe una prueba preponderante adicional que no se haya tomado en cuenta en su momento”.
En una entrevista con RPP, Villena recordó que fue el propio Instituto Nacional de Salud (INS) del Perú el que recomendó la compra de pruebas para la detección del coronavirus y que, tras llevarse a cabo todas las diligencias, no se han evidenciado indicios de delito.
Vizcarra se encuentra inhabilitado por diez años para el ejercicio de la función pública, luego de que el Congreso lo castigara por haberse aplicado de manera secreta e irregular la vacuna china de Sinopharm. En abril último el Pleno del Congreso aprobó una denuncia constitucional contra Vizcarra por los delitos de tráfico de influencias, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en el caso Richard Swing.
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