Países que cerraron acuerdo con Odebrecht encaminan sus casos

Esta semana, en Colombia se conoció que el procurador general, Fernando Carrillo, envió una carta al embajador de Estados Unidos en ese país en la que le expresaba su preocupación porque la empresa Odebrecht “no ha cumplido a cabalidad” con precisar el verdadero monto que desembolsó en sobornos en tierras cafeteras.

Carrillo se refirió con esto a la confesión que hizo la constructora ante la justicia estadounidense a fines de 2016, cuando sus representantes revelaron que la firma había pagado US$788 millones en coimas en 12 países –entre los que figuraba el Perú– con el fin de adjudicarse la construcción de megaobras. En Colombia, según su propia confesión, Odebrecht pagó US$11 millones de manera ilícita.

“Tampoco (Odebrecht) ha develado el número preciso de contratos, montos, funcionarios o agentes políticos sobornados, entre otros, en relación con las conductas punibles cometidas en Colombia”, reclamó el procurador colombiano al embajador Kevin Whitaker.

Ese debate que tiene lugar actualmente en Colombia sucedió en Perú hace dos años, cuando aún no había señales de un posible acuerdo de colaboración entre el Estado y Odebrecht.

Acá también los peruanos se dieron cuenta de que los US$29 millones en sobornos, que la empresa había declarado que repartió entre funcionarios, habían sido rebasados ampliamente a medida que los directivos confesaban. Pero esa etapa, contra viento y marea, se superó.

El 4 de febrero, seis ex ejecutivos de Odebrecht suscribirán en Brasil un acuerdo de colaboración eficaz con los fiscales peruanos con el compromiso de contar qué servidores públicos fueron coimeados.

Además, la empresa pagará una reparación civil que asciende a S/675 millones por el daño causado a nuestro país. A cambio, la compañía y sus colaboradores no serán investigados en Perú, pero responderán a los tribunales de su propio país, como ya lo han venido haciendo.

En Colombia, en cambio, el no tener un convenio garantizado demora la consolidación de los casos. En medio de esas indecisiones, testigos que iban a declarar a la Fiscalía han muerto repentinamente.

Sumado a esto, un tribunal le impuso una multa al consorcio que lideró Odebrecht por US$250 millones e inhabilitó a las firmas para operar en territorio colombiano por diez años, al confirmarse el desembolso de coimas para hacerse de la carretera Ruta del Sol.

Aunque esa sentencia aún debe ser confirmada en segunda instancia, y Odebrecht no está dispuesta a ceder.

Conocer la verdad sobre los actos de corrupción les demandará a las autoridades colombianas más trabajo sin la colaboración judicial de la constructora.

OTRAS REALIDADES

Actualmente, Odebrecht ha cerrado convenios de colaboración con seis países: Brasil, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Estados Unidos y Suiza. La compañía ha reconocido la comisión de delitos ante estos Estados, siendo el principal el pago de sobornos.

En Panamá, por ejemplo, la Fiscalía informó en noviembre pasado que la investigación por el caso Odebrecht estaba al 80% de avance.

Los fiscales de ese país firmaron un acuerdo de colaboración con la empresa en 2017, y desde ese entonces han alcanzado resultados concretos: 76 imputados, la recuperación de más de US$255 millones y la condena de cinco personas.

Los beneficios para la empresa, a cambio de brindar información, son similares a los que tendrá en Perú: exclusión de las investigaciones y la habilitación para seguir contratando con el Estado.

Esto ha permitido a Odebrecht, en países como Brasil y Estados Unidos, ganar licitaciones públicas. Pero esta vez logró su cometido compitiendo limpiamente.

Se sabe que la constructora brasileña está negociando convenios en el resto de países. Sin embargo, el panorama en cada uno es muy diferente.

En México, la brasileña ha denunciado que es “víctima” de una red de corrupción que apuntaría a castigarla severamente y no pase lo mismo con los funcionarios corruptos.

Una negociación bajo estas circunstancias parece imposible con el Estado mexicano, suelo en el que Odebrecht sobornó con al menos US$10.5 millones.

En Argentina, el acuerdo que parecía encaminado se entrampó en diciembre. Los empresarios argentinos implicados en los actos de corrupción se opusieron a que Brasil entregue la información y pidieron la nulidad del proceso ante los jueces.

Los argentinos conocieron que se pagaron US$35 millones en coimas gracias a la sentencia emitida en Estados Unidos. Y tuvieron más detalles de esos desembolsos porque en la prensa se filtraron declaraciones de un directivo que confirmó la información en Brasil. Pero los fiscales no han logrado interrogar a los ex ejecutivos debido a la ausencia de un convenio suscrito.

En Venezuela, en tanto, los procesos parecen no haber avanzado nada. Ante EE.UU., la empresa de la familia Odebrecht confesó el pago de US$98 millones ilícitos, pero la justicia de ese país gobernado por el chavismo está muy lejos de conocer la verdad.

En agosto de 2017, la entonces fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, dijo que el Estado había entregado a Odebrecht US$30 mil millones a la compañía para ejecutar 11 obras que, para ese instante, estaban inconclusas. Ortega anunció que se investigaría a fondo. Pero esa firme postura contra la corrupción le valió la destitución apenas un mes después de pronunciarse.

En Perú, gracias a la manifestación de los ejecutivos brasileños, se ha conocido pago de sobornos a un presidente y a otros altos funcionarios y financiamiento de campañas con la promesa de beneficios. Pero aún falta conocer toda la verdad, que es la que se quiere bloquear.