Tenemos una gran preocupación respecto de esta creciente ola de conflictividad social. No tenemos alcances oficiales sobre el acta firmada por la PCM con las federaciones indígenas y es por ello que estamos pidiendo una reunión con las autoridades sectoriales la próxima semana para conocer los detalles.
Sí nos parece saludable que se establezca un grupo de seguimiento y monitoreo de los compromisos que han sido asumidos por el Estado en los últimos años, sobre todo porque el incumplimiento de dichos acuerdos es el principal generador de frustración y conflictividad en las comunidades.
Es importante que el Estado despliegue sus mejores esfuerzos para avanzar en el cierre de brechas sociales en la Amazonía, lo cual, evidentemente, va a requerir un fortalecimiento de capacidades de gestión con los gobiernos locales.
La amenaza de interrumpir la actividad petrolera es sumamente destructiva e inconveniente para los intereses del país y la región amazónica, que tienen en el canon una de las únicas fuentes de ingresos significativos que la benefician.