El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, ha mantenido la posición de que no podía poner a votación del Pleno la reconsideración de Patricia Donayre a la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos al Tribunal Constitucional porque el recurso se presentó luego de la dispensa de la aprobación del acta.
“Llegó tarde, cuando ya se había cerrado el acta. Cerrada el acta, ya no hay forma de abrirla”, dijo el lunes a Canal N.
Su postura se basa en una lectura aislada del artículo 58 del Reglamento del Congreso: “No se puede presentar reconsideración después de aprobada el acta o de la dispensa de dicha aprobación”. Sin embargo, una opinión vinculante aprobada por el Pleno del Congreso en 2004 contradice esta posición.
El 12 de diciembre de 2003, Henry Pease, entonces presidente del Parlamento, puso a votación del Pleno una reconsideración sobre un proyecto de ley que minutos antes se había aprobado y dispensado del acta.
Ante la observación de sus colegas, Pease decidió pedir una opinión consultiva a la Comisión de Constitución y Reglamento sobre “las limitaciones de los pedidos de reconsideración de los congresistas cuando el Pleno ha autorizado la dispensa del acta”. En su informe, aprobado por unanimidad cinco meses después, el grupo de trabajo señala que “el verdadero límite de la reconsideración no es la dispensa del trámite del acta, sino la ejecución del acuerdo”.
Esta opinión fue llevada al Pleno en su sesión del 10 de junio de 2004 y fue aprobada. Para Indira Huilca, miembro de la Permanente, esta “ejecución” no se ha dado porque Ortiz de Zevallos aún no juramenta en el TC y la resolución de su nombramiento no fue publicada en el diario oficial El Peruano.
El último lunes, Huilca, junto a Gino Costa y Marco Arana, le envió una carta a Ernesto Blume, presidente del TC, para señalarle que el proceso no ha concluido y que, por tanto, no corresponde que juramente. El experto en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi y José Elice, exoficial mayor del Congreso, coincidieron en que Olaechea debió aplicar el criterio aprobado en 2004. “Al aprobarse en el Pleno, esa opinión equivale, en la práctica, a una modificación del Reglamento”, dijo Elice a Perú21.
“Si se toma en cuenta, el TC debe decir que no va a juramentar (a Ortiz de Zevallos) hasta que se resuelva el proceso”, añadió Rospigliosi. Discrepancia En tanto, el exoficial mayor César Delgado-Guembes afirma que si bien Olaechea tenía la posibilidad de poner al voto la reconsideración, era su “potestad” hacerlo o no. Recuerda que la opinión de Constitución también señala que “es discrecionalidad del presidente” determinar el momento en que será votada.