[OPINIÓN] Gabriel Ortiz de Zevallos: Nombramientos escalonados y procesos transparentes

Carlos Basombrío, en su columna semanal, saca cuentas bien relevantes: 66 de 130 congresistas están en la agenda de la Fiscalía por alguna razón. De esos 66, 46 votaron a favor del cuestionado defensor del Pueblo, y 43 protegieron de la acusación constitucional contra uno de los llamados ‘niños’. Y más de un tercio de los 69 congresistas que votaron a favor de la llamada ley mordaza en la primera votación tienen investigaciones fiscales, producto, muchas veces, de denuncias periodísticas. Basombrío plantea que más que un “fujicerronismo” hay una componenda oportunista para la impunidad. Y, por ello, no puede dejar de generar preocupación el conflicto entre el Congreso y otras instituciones fundamentales como la Junta Nacional de Justicia y los organismos electorales.

La Junta Nacional de Justicia surgió como respuesta a la nauseabunda corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura, que fue el mecanismo que se creó para evitar que el Congreso ratificara a jueces supremos, como se hacía antes. La comisión a cargo de proponer reformas (que incluía un espectro amplio de abogados connotados sin filiación política) ideó, por eso, una conformación del Consejo Nacional de la Magistratura que incluía a representantes de universidades, colegios profesionales, etcétera. Se pensaba que eso haría más difícil su politización y riesgo de corrupción. Pero los nombramientos de las universidades y colegios profesionales se politizaron. La Junta Nacional de Justicia recién acaba de empezar, y estos procesos requieren tiempo para ver si funcionan o no.

Si bien no hay mecanismo perfecto, porque la corrupción y el mal uso del poder es siempre un riesgo, lo mejor es tener procedimientos transparentes y nombramientos escalonados, porque permiten más debate y discusión en el proceso. Hay más focos prendidos mientras la decisión se toma si hay pocas decisiones en juego que si todas se juntan en un periodo de tiempo corto, donde la política del toma y daca se presta a todo tipo de componendas.

El Perú ganaría si es que los directores del BCR y los miembros del TC se renuevan escalonadamente. Esa es una buena práctica, además, porque genera una combinación de cambio y continuidad, no arriesga a cambios bruscos en reglas de juego fundamentales. También es indispensable que cada proceso de nombramiento, que depende de votaciones calificadas en el Congreso, tenga procedimientos muy transparentes. Tener 87 votos cumple la regla, pero no da garantías de idoneidad. No se logran para reformas fundamentales, pero sí para otros temas.

En ese riesgo estamos hoy, y con un Congreso con los riesgos que ha señalado Carlos Basombrío. La intención de que el Congreso pueda acusar constitucionalmente a los titulares del sistema electoral es aún más extraña, porque es en las elecciones donde ocurren las discrepancias y se prestaría a ajustes de cuentas posteriores. La concentración de poder lleva casi siempre al abuso.

Cuando todavía se hablaba de la posibilidad de adelantar elecciones, que con las mismas reglas actuales podría traer más de lo mismo (y siempre se puede estar peor), la presidenta y el Congreso mencionaban la importancia de discutir reformas importantes para mejorar la calidad de servicios del Estado y otras reformas institucionales. Ese espacio no puede ser solo del Congreso ni de un Ejecutivo débil. Las protestas han parado, pero pueden volver a empezar.

El Diálogo Nacional es, con todas sus limitaciones, el único espacio formal hoy que tiene posibilidad de pensar reformas que necesitamos con urgencia. Deberíamos buscar apoyo en experiencias internacionales en temas clave como reforma policial, del Estado, de salud, etcétera, buscando mejores prácticas internacionales. Faltan más de tres años para 2026, el daño institucional puede ser muy grave si la sociedad no está alerta. El golpista Castillo debilitó enormemente la capacidad del Poder Ejecutivo, pero el sistema institucional es más amplio que eso, y hoy el Congreso implica un riesgo grande.