Procesados por terrorismo podrían volver a pisar las calles

Tres jueces de la Sala Penal Superior Nacional tienen en sus manos una decisión clave en la lucha contra el terrorismo. El último lunes 25 de octubre concluyó la audiencia de apelación sobre 48 procesados por este delito, todos ellos detenidos en la operación Olimpo.

Así, la sala superior quedó lista para dar una resolución, en la que podría confirmar —o, en su defecto, dejar en libertad— a este numeroso grupo de detenidos a quienes la justicia les impuso, en primera instancia, prisión preventiva por 18 meses en febrero último por su filiación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

La decisión de la sala, según fuentes de Perú21, será notificada en cuestión de horas, y podría afectar de forma significativa el proceso que se sigue, pues está pendiente, por ejemplo, que agentes especiales y colaboradores eficaces brinden su testimonio, y a quienes se podría buscar presionar. También hay un evidente riesgo de que busquen fugarse del país.

El caso seguido por la operación Olimpo da cuenta de cómo la organización terrorista Sendero Luminoso ha venido transformándose en el tiempo, a través de sus organismos generados y de fachada, como el Movadef (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales).

“Es emblemática (la operación Olimpo) porque, pese a que no existen acciones armadas o actos de terrorismo propiamente dichos, demuestra que la organización terrorista está vigente y viva. Porque terrorismo no es solo disparar y matar, sino también estar dentro de una organización terrorista”, dijo a este diario José Luis Gil, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN).

El MOVADEF PRESIONA

En diciembre de 2020, la Policía y la Fiscalía realizaron un megaoperativo que terminó con la captura de unas 70 personas afines a Sendero Luminoso y al Movadef. Y, justamente, la apelación que está próxima a resolverse podría poner en la calle a 48 de estos personajes y beneficiar a otros ocho que, como Alfredo Crespo, abogado del extinto cabecilla terrorista Abimael Guzmán, solo tienen arresto domiciliario.

Entre los apelantes se encuentran personajes claves como Fernando Olórtegui Crispín, excarcelado por terrorismo y secretario de organización del Movadef; Estela Guillermo Álvarez, subsecretaria general del grupo de fachada; Nastia del Pozo Ramírez, secretaria de Cultura; y Nora Alva Alfaro, subsecretaria de Actas del Movadef.

Alva participó de las reuniones de la Fenatep, el gremio radical del magisterio que el actual presidente Pedro Castillo fundó.

En la lista de los que podrían quedar en libertad también se encuentran otros excarcelados por terrorismo como Dax Medina Flores (participante del encuentro del Conare junto al actual legislador Edgar Tello y el visitante de Palacio César Tito), Pablo Neira Villegas y Víctor Castillo Mezzich.

También figuran Victoria Trujillo Agurto, otra sentenciada por terrorismo; Duglas Silva Dávalos, miembro del Departamento de Defensa de Socorro Popular, así como Ivonne Moreau Cabrera, ubicada como la “correa de transmisión a la terrorista Elena Yparraguirre”.

“Si analizamos cada uno de los nombres, la mayoría trae un rosario de antecedentes por terrorismo que nos debe preocupar tenerlos en libertad”, destacó Gil.

Entre los argumentos esbozados por la defensa está el que ser integrante del Movadef no es un delito, pese a que el grupo profesa abiertamente el marxismo-leninisno-maoísmo - ‘pensamiento Gonzalo’.

En los últimos días el organismo Comité de Familiares de los Detenidos en el Operativo Olimpo incluso han acudido a los exteriores del Poder Judicial con pancartas y megáfono en mano, buscando presionar a los jueces. Además, el Movadef en redes sociales han desplegado toda una campaña a favor de la liberación de los procesados.

“Esta es una investigación de más de cinco años (…) donde hubo partes, informes, observación, vigilancia y seguimiento autorizados por la autoridad judicial. Se infiltraron agentes especiales y todo ese cúmulo de pruebas han sido incorporados a la carpeta fiscal para hacer una denuncia y solicitar una prisión preventiva”, resaltó el fiscal Isidoro Prado en la última audiencia.

Todo está en manos de los jueces superiores.

TENGA EN CUENTA:

La sala superior está presidida por el magistrado Andrés Churampi, y conformada por Teófilo Salvador y Luis Cerrón.

La sala que resolverá la apelación es la misma que lleva adelante el juicio oral por terrorismo contra el parlamentario Guillermo Bermejo.

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