ONPE cuestiona atribuciones por ley sobre financiamiento ilícito a partidos

Aseguró que no se le consultaron las disposiciones complementarias del proyecto de ley aprobado en Comisión de Justicia.

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ONPE hizo observaciones al proyecto de ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de Organizaciones Políticas al Código Penal. (Foto: Agencia Andina)

ONPE hizo observaciones al proyecto de ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de Organizaciones Políticas al Código Penal. (Foto: Agencia Andina)

ONPE hizo observaciones al proyecto de ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de Organizaciones Políticas al Código Penal. (Foto: Agencia Andina)

Redacción Redacción

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ) aseguró que no le han sido consultadas las disposiciones complementarias del proyecto de ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de Organizaciones Políticas al Código Penal.

En un comunicado de prensa, la ONPE informa que ha tomado conocimiento a través de los medios de comunicación sobre el debate del proyecto de ley, que establecería nuevas funciones a dicha institución.

Asimismo, manifestó su preocupación acerca de las disposiciones complementarias que estaría atribuyendo a la ONPE funciones que corresponden a otro organismo constitucional autónomo, como es la Fiscalía de la Nación.

"Consideramos importante las iniciativas legislativas que introduzcan sanciones penales a las violaciones de las normas de financiamiento partidario", expresó.

"Sin embargo, dada la importancia del tema, y la inminencia del referéndum del próximo 9 de diciembre, en el cual una de las preguntas trata sobre esta materia, el proyecto debe ser sujeto de mayor diálogo y debate, luego de efectuado el referéndum", agregó.

Como se recuerda, un dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso propone incorporar al Código Penal el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas.

Incluso, la Junta de Portavoces del Parlamento Nacional decidió ayer ampliar la agenda del pleno para incluir dicho dictamen y lo exoneró de debate en la Comisión de Constitución.

El proyecto de ley plantea una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años por el delito. Asimismo, se castigaría con una pena no menor de seis ni mayor de 13 años los casos agravados.

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