Piden 36 meses de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción en ONP

Cinco personas relacionadas a la entidad de pensiones enfrentan cargos por cohecho y lavado de activos. Tres de ellos ya están detenidos, el resto –según fuentes judiciales– se encuentran prófugos.

Jubilados reciben baja pensión. (ANDINA/Imagen referencial)

Por Amet Aguirre y Álvaro Reyes

Mientras el país veía con satisfacción cómo efectivos de la Policía detenían a los empresarios Antonio Camayo y Mario Mendoza, y otros nueve miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Primer Puerto, en plena celebración de Fiestas Patrias, otro grupo de personas era intervenidas por un caso diferente, pero igual de indignante. 

El 26 de julio, la jueza María de los Ángeles Álvarez dispuso el allanamiento de viviendas e inmuebles de empresas relacionadas al abogado Hernán Costa Alva y del ex funcionario del Ministerio de Economía (MEF) Jorge Pablo Nicolás Noziglia Chávarri.

¿Quiénes son estas personas? Según el Ministerio Público, ambos serían integrantes de una organización criminal que habría aprovechado un juicio que le inició una asociación de jubilados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para apropiarse de millonarios recursos.

En setiembre de 2016, Hernán Costa asesoró a la Asociación de Cesantes y Jubilados de Enapu (ACJENAPU) en un proceso en el que logró que el Poder Judicial ordenara el desembolso de beneficios sociales por más de S/206 millones hacia sus patrocinados. 

Sin embargo, la Fiscalía advirtió que esa orden se dio luego de que Jorge Noziglia Chávarri, siendo director general de Recursos Públicos del MEF, emitiera una opinión técnica –a pedido del juzgado– a la jueza Martha Hinostroza Bruno para el procedimiento del pago. Esa opinión favoreció a Costa porque implicó que recibiera más de S/21 millones de las arcas públicas por la defensa de ACJENAPU.

Pero lo irregular ocurrió después. Del total del monto, Hernán Costa recibió más de S/19 millones el 6 de junio de 2017 e inmediatamente empezó a transferirlos por partes. Cuatro días después, realizó un depósito por S/750,000 a Noziglia Chávarri

Debido a esto, la Fiscalía pide la prisión preventiva por 36 meses de ambas personas y de Néstor Costa López, hijo de Hernán Costa; Ricardo León Dueñas, ex gerente de la ONP; y Rosmery Velásquez Cano, ex jueza supernumeraria del 16 Juzgado Transitorio Laboral de Lima. 

El 9 de junio de 2017, León Dueñas recibió S/520,000; el 13 de junio del mismo año, Rosmery Velásquez registró una transferencia de S/200,000. El origen de los dos desembolsos fue la cuenta bancaria de Hernán Costa, quien según fuentes judiciales está no habido.

De los antes mencionados, ya se encuentran detenidos de manera preliminar Costa López, Noziglia y Velásquez Cano. 

EL ANTIGUO CANDIDATO
De los involucrados en el caso, el más conocido es el abogado Ricardo León Dueñas, candidato a la Alcaldía de San Isidro en 2014 por el partido Solidaridad Nacional.  

Ese año, solo consiguió el 14.31% de los votos, con lo cual alcanzó el tercer lugar, superado por los movimientos de Fuerza Popular y el Partido Popular Cristiano

Antes de intentar ocupar el sillón municipal y ser investigado por presunto lavado de activos, León se desempeñó como gerente legal de la Oficina de Normalización Previsional entre mayo de 2003 y octubre de 2006.

Inmediatamente después, continuó en la institución, pero como asesor de la Alta Dirección hasta octubre de 2007. Durante ese periodo, según las pesquisas del Ministerio Público, León estuvo vinculado a Noziglia, quien entonces ocupaba el cargo previsional de gerente general de la entidad. 

La Fiscalía también detectó que entre los años 2015 y 2017 se registraron más de 160 llamadas entre los números telefónicos registrados a nombre de León y Noziglia.

En una carta que envió el abogado Ricardo León al diario El Comercio, sostuvo que en setiembre de 2015 suscribió un contrato de asesoría profesional con Hernán Costa para emitir informes sobre diversos temas de su especialidad, ninguno vinculado al juicio ONP-ENAPU.

“Este contrato culminó en marzo de 2017. En junio de 2017 me cancelaron los correspondientes honorarios, para lo cual emití un recibo pagando el respectivo Impuesto a la Renta en su totalidad”, indicó. Este diario trató de comunicarse con León, pero esto no fue posible.

DEBES SABER
* ​El Ministerio Público imputa a los procesados los delitos de cohecho activo genérico, impropio y lavado de activos.

*El 28 de mayo de 2018, el Poder Judicial negó la ampliación del congelamiento de fondos bancarios que solicitó la Fiscalía junto a la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de 15 personas investigadas en el caso.

*La audiencia de prisión preventiva contra los involucrados está programada para hoy las nueve de la mañana y se realizará en la sede del Sistema Anticorrupción.

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