Una semana con olor a gas que envuelve a los Humala

Todo estaba conversado. El concurso para la adjudicación del millonario proyecto Gasoducto del Sur, que se concedió en junio de 2014, tenía un ganador desde dos años antes. El presidente Ollanta Humala había dado su palabra a la empresa Odebrecht –más precisamente al exdirectivo Jorge Barata– de otorgarle una de las más ambiciosas obras que pudiera haber visto el país: un sistema de transporte de gas natural de más de mil kilómetros de distancia que se iniciaba en la selva cusqueña y terminaba en las costas de Ilo.

Pero fue la entonces primera dama, Nadine Heredia, empoderada por su esposo, quien se encargó de encaminar la megaobra de más de US$7 mil millones de inversión en favor de la constructora. Ella representaba al mandatario en las reuniones de trabajo.

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Esta es la hipótesis que traza la fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial Lava Jato, en su investigación. Y es la historia que presentará este jueves en la audiencia en la que sustentará un nuevo pedido de prisión preventiva para la esposa de Humala y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga que, según su indagación, se sometieron sin protestar a las indicaciones y órdenes de una persona sin cargo público.

Aunque la medida de prisión preventiva es requerida porque el exministro Jorge Merino contó a la Fiscalía que Heredia lo indujo a cambiar su versión para obstruir el proceso. Es decir, la cónyuge de Humala representa una amenaza para el caso. Merino, actualmente, es aspirante a colaborador eficaz.

Mori imputa a Heredia haber sido una “funcionaria de facto” y seguir las instrucciones del jefe de Estado para beneficiar ilegalmente a Odebrecht con la licitación.

A la expareja presidencial, de esta manera, se le sindica de encabezar una organización criminal. A Humala lo salva de momento el antejuicio; a Heredia nada la protege de un posible retorno a la cárcel.

MILLONARIO APORTE

Según la tesis fiscal, los US$3 millones que Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Ollanta Humala, en 2011, le sirvió a la empresa brasileña para exigir una retribución convertida en obra cuando el candidato por el que apostó pasó a ser presidente de la República. Así fue como el Gasoducto del Sur se abrió paso.

Era un multimillonario proyecto que se entrampó desde el gobierno de Alan García porque Kuntur, compañía propiedad de Odebrecht y a cargo de la obra, no tenía los recursos para su ejecución.

Incluso, la firma brasileña propuso que Petroperú participara de la concesión y que asumiera el riesgo económico. Pero la empresa estatal desistió de hacerlo.

El abono a la campaña humalista, bajo esta hipótesis, fue una inversión de Odebrecht. En 2012, según la investigación, ya se había acordado que la primera versión del Gasoducto quedaría sin efecto y Kuntur no sería penalizada por incumplir con el contrato. En ese mismo año se gestó un nuevo concurso.

La fiscal Mori se basa en las declaraciones del colaborador eficaz José Graña, exdirectivo de Graña y Montero, para sustentar esto.

El 27 de junio de 2014, Proinversión, cuyo consejo directivo lo integraban los ministros de Humala, descalificó repentinamente al consorcio que competía con Odebrecht pese a que le había otorgado plazo para subsanar una observación. Este jueves se podría dar por cerrado el círculo.

DATOS:

- Ollanta Humala y Nadine Heredia también son sindicados de integrar el Club de la Construcción, una organización criminal de empresas que se repartían obras públicas a cambio de conceder coimas a funcionarios públicos.

- La fiscal Mori elevó a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, un informe recomendado se abra investigación a Humala por el Gasoducto.

- Humala goza de antejuicio por cinco años (hasta 2021).

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