La sentencia con la que el Tribunal Constitucional (TC), por mayoría, ordena la excarcelación del ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia se sustenta en un argumento: los jueces que dictaron y ratificaron la medida no probaron de manera firme las imputaciones a la ex pareja presidencial, que es investigada por el presunto delito de lavado de activos.
Los cuatro miembros del TC que votaron en favor del hábeas corpus -Eloy Espinosa-Saldaña, Augusto Ferero, Carlos Ramos y Ernesto Blume- coinciden en que los magistrados se basaron "en presunciones" y no en pruebas contundentes para justificar el peligro procesal en el que supuestamente ponían Humala y Heredia a la investigación que se les sigue.
"La resolución judicial firme que decreta la prisión preventiva debe cumplir con la exigencia de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en la que se pueda verificar en forma clara y fundándose en evidencias sólidas cuáles son las razones que llevaron a su dictado", se lee en el documento, como preámbulo a la exposición de argumentos.
Con respecto a las evidencias sobre los aportes que habrían recibido del gobierno de Venezuela para la campaña presidencial del 2006, el TC indica que ni el juez de primera instancia ni el tribunal de segunda instancia consideraron las declaraciones de cuatro testigos presentados por la defensa que contradecían lo dicho por otro testigo clave respecto a la recepción de dinero ilícito.
Cita que la sala no admitió esas manifestaciones "porque el escenario cautelar no requiere consolidación probatoria o acreditativa a plenitud" para dictar la prisión preventiva. En este sentido, el TC señala que esta es una postura "inconstitucional" porque los jueces consideraron solo elementos que justificaron la orden.
En relación a las evidencias sobre una presunta compra de testigos por el caso Madre Mía, que implican a Ollanta Humala, el TC indica que el Poder Judicial no acreditó los audios con los que se probaría esta actitud ilícita como un acto firme sino que "podría tratarse" del despliegue de actividades obstruccionistas en un proceso judicial.
"En efecto, como bien ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia impone que el juzgador examine todos los hechos y argumentos a favor o en contra de la aplicación o el mantenimiento de la prisión preventiva", sustenta.
Sobre la situación de Nadine Heredia, el TC indica que si bien la ex primera dama otorgó poder a su prima para que pudiera salir del país con sus hijos, esto sucedió antes de que la sala le ordenara a ella retornar al país luego de haber viajado a Suiza para asumir un cargo en la FAO.
Agrega, en esa línea, que Heredia no puso en peligro la investigación porque, además de avisar al juez de su viaje, retornó al país días antes del plazo que el mismo magistrado le había impuesto. "La presunción de la Sala, a la luz de hechos probados, carece, pues, de un mínimo grado de razonabilidad, motivo por el cual no puede ser considerada como un argumento válido para sospechar de modo justificado el peligro de fuga", alega.
El TC argumenta también que no se puede considerar como obstaculización del proceso que Heredia haya intentado variar su caligrafía cuando se intentó corroborar si las agendas obtenidas por la Fiscalía eran de su propiedad.
"Este Tribunal Constitucional tiene jurisprudencia en la que ha señalado que los cuestionamientos dirigidos al imputado relacionados con
declaraciones o conductas que no se acercan a la verdad no pueden ser interpretadas como un peligro de obstaculización que justifique el dictado de una prisión preventiva", refiere.
Cabe mencionar que el fallo retrotraer a la situación legal de la ex pareja presidencial al estado anterior a la prisión preventiva, eso es comparecencia restringida. Humala y Heredia seguirán siendo investigados por el Ministerio Público.