"La ley debe ser igual para todos”, consideró Humala Tasso. (Foto: GEC)
"La ley debe ser igual para todos”, consideró Humala Tasso. (Foto: GEC)

Redacción PERÚ21

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El expresidente aseguró este jueves que los fiscales adjuntos del equipo especial del caso Lava Jato se han visto involucrados en actos delictivos.

Esto en referencia al fiscal adjunto Alexander Taboada y a la asistente en función fiscal Deily Pereda, quienes fueron separados de este grupo coordinado por Rafael Vela por sus vinculaciones con el presunto delito de tráfico de influencias que habría cometido el ex primer ministro César Villanueva.

El exmandatario consideró que la ley debe ser aplicada de igual manera para todos. Lamentó que hasta la fecha no haya sido admitida la queja que su defensa interpuso contra el fiscal Germán Juárez Atoche por los interrogatorios a Martín Belaunde Lossio en el marco de la investigación a su cargo por el caso Odebrecht en contra del otrora jefe del Estado (2011 - 2016) y de su esposa, la ex primera dama, Nadine Heredia.

“Recientes casos de fiscales adjuntos del equipo especial, implicados en actos delictivos, no deben tener trato preferente. Queja al fiscal Juárez Atoche por inconducta funcional, por audios de Belaunde Lossio, hasta ahora no es admitida. La ley debe ser igual para todos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El martes 26 de noviembre Villanueva fue detenido en el marco de la investigación que se le sigue por el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. La tesis fiscal señala que, junto a José María Santisteban Zurita, el ex primer ministro habría contactado al fiscal superior Alberto Orlando Rossel Alvarado para conseguir información sobre el caso que se le sigue en el Ministerio Público por el caso Odebrecht y obtener favores en el proceso que pesa sobre él. Para ello se habría intentado contactar con el fiscal adjunto Alexánder Taboada y la asistente en función fiscal Deily Pereda, ambos trabajaban en el equipo especial

Este grupo de fiscales investiga al ex primer ministro por una supuesta entrega de una coima en el 2008 por un valor de US$ 60,000 de Odebrecht para obtener la adjudicación de la construcción de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa en la región de San Martín, cuando César Villanueva era gobernador regional.