ANTONOV
ANTONOV

Después de cinco años de investigación fiscal, un grupo de oficiales de la Primera Brigada de Aviación del Ejército irá a juicio por las falsas reparaciones a dos aviones Antonov

La Cuarta Fiscalía Anticorrupción del Callao pidió entre nueve y 11 años de prisión para los oficiales y los implicados en este caso por el presunto delito de colusión agravada. El control de acusación se iniciará en los próximos días (ver infografía).

Los oficiales e implicados en este caso por el presunto delito de colusión agravada.
Los oficiales e implicados en este caso por el presunto delito de colusión agravada.

La historia comenzó en 2012, cuando el Ejército envió a mantenimiento dos aeronaves que pertenecían al batallón de aviones N°811, pese a que no requerían ese servicio.

Según la Fiscalía, oficiales de la Primera Brigada de Aviación se coludieron con la empresa de Transportes, Repuestos y Equipos Pacífica (Trepsa) –representada por José Vega Adrianzén– para que realice el citado mantenimiento.

Incluso se le otorgó la buena pro y se realizó el pago a la mencionada compañía por una “necesidad inexistente”.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público del Callao –a la que tuvo acceso Perú21– en febrero de 2012, el jefe de la compañía de mantenimiento del Batallón de Aviones N°811, Renzo Zapata, informó al comandante Carlos Suyón la necesidad de realizar el servicio al Antonov 835.

Luego del requerimiento, se tramitó el informe al Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército para concretar la prestación. En el documento se precisaba que la labor estaría a cargo de los Técnicos del Batallón de Aviones N°811. Sin embargo, para la Fiscalía, no se cumplió con lo acordado.

El Ministerio Público detectó que esa labor fue encomendada a Trepsa. Para ello, el comandante de la Aviación del Ejército, general Daniel Forno Castro, le envió una carta a la firma el 17 de febrero de 2012 cuyos términos decían:

“Esperando la asignación de nuestro presupuesto para tal fin (...) de no contar con el presupuesto antes mencionado, nos comprometemos a realizar la cancelación del mantenimiento a través de servicio y/o empleo de horas de vuelo, siempre que no interfieran en nuestras operaciones militares”.

El 5 de marzo de 2012, se firmó el convenio con Trepsa, por un millón 800 mil soles para el mantenimiento del Antonov 835. Seis meses después se les transfirió el dinero a su cuenta bancaria. Pero no fue el único.

También se pidió el servicio por el Antonov 833, por el cual se desembolsó 2 millones 200 mil soles, en setiembre de 2012. El servicio se convocó cuando el propio personal del Ejército ya venía realizando el mantenimiento al 833, según indica el documento fiscal.

UNOS SÍ, OTROS NO
Todo esto era de pleno conocimiento del entonces general EP Daniel Forno, del mayor EP Renzo Zapata, del Crl. EP Luis Pimentel, entre otros oficiales.
La empresa Trepsa acreditó ante la 1ra. Brigada de Aviación del Ejército a 30 mecánicos aeronáuticos que participarían en el presunto mantenimiento de los Antonov.

No obstante, siete empleados declararon ante la Fiscalía no haber participado en esas labores. Se verificó que solo nueve trabajadores de Trepsa ingresaron durante cuatro días a los hangares y por tiempos limitados.

Lo que sí pudo corroborar la Fiscalía es que 24 mecánicos de la Brigada del Avión del Ejército sí participaron en el servicio de mantenimiento a las aeronaves. Desconocían que el trabajo lo tenía que realizar Trepsa.

PROCURADURÍA PIDE S/5 MLLNS. DE REPARACIÓN
El procurador anticorrupción del Callao, Engie Herrera, solicitó al Poder Judicial una reparación civil de 5 millones 86 mil soles en favor del Estado contra todos los implicados en este caso. El pago lo deberán realizar de manera solidaria.

En declaraciones a Perú21, el defensor de los intereses del Estado indicó que, según las pruebas obtenidas por la Fiscalía, “hay evidencias para determinar que los oficiales se coludieron con la empresa Trepsa para favorecerlo”. 

El funcionario explicó que estos presuntos actos de corrupción perjudicaron económicamente al Estado. “En el control de acusación sustentaré los motivos de mi pretensión económica y la Fiscalía argumentará la sanción penal para los militares implicados”, señaló.

Además, Herrera indicó que, según la Fiscalía, la citada firma no contaba con la autorización de la Dirección General de la Aeronáutica Civil para operar. “Esperamos que pronto se reinicie el control de acusación”, dijo.

TENGA EN CUENTA
-El director de Informaciones del Ejército, general Luis Chacón, dijo a Perú21 que en su momento ya se hizo los descargos ante las autoridades correspondientes y, por ahora, no hay ningún otro descargo que realizar.

-Este diario se comunicó con Daniel Forno Castro, general (r) de la Aviación del Ejército, para recoger su versión, pero nos dijo que el caso ya “está judicializado” y que no daría declaraciones.

-Perú21 buscó el descargo de José Vega, representante de la empresa Trepsa. Nos dijeron que ya no vive en su domicilio de San Borja, que figura en Reniec. Su local en Surquillo no existe.