Socias de Odebrecht camuflaron sobornos, según tesis del fiscal

Al cierre de esta edición, el magistrado Richard Concepción Carhuancho se había tomado un segundo receso para analizar a profundidad el pedido de 18 meses de prisión preventiva que formuló la Fiscalía para los cinco directivos de las empresas que se consorciaron con Odebrecht para ejecutar los tramos II y III de la Interoceánica Sur.

“Es necesario hacer este nuevo receso para corroborar los hechos. Les aseguro que no será a las tres de la mañana”, dijo Concepción Carhuancho a las 10 p.m., que era la hora convocada inicialmente para dar lectura al veredicto.

El juez escuchó por casi siete horas a los abogados de los imputados José Graña, Hernando Graña, Gonzalo Ferraro (de Graña y Montero), Fernando Camet (de JJC) y Fernando Castillo Dibós (de ICCGSA), quienes en todo momento negaron que sus patrocinados hayan cometido alguna irregularidad para adjudicarse la obra.

La tesis fiscal, expuesta en la primera parte de la audiencia de ayer, es que las firmas peruanas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA se asociaron a la compañía brasileña, en el primer semestre de 2005, sabiendo que debían pagar US$20 millones en sobornos para el ex presidente Alejandro Toledo.

El fiscal Hamilton Castro, quien sustentó la solicitud de prisión en la Sala Penal Nacional, resaltó que fue Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, quien reconoció que las compañías socias “sabían” del pacto ilícito al que se había llegado con Toledo.

En esa línea, Castro argumentó que la prueba de ello es que, en 2011, las empresas le cedieron a Odebrecht buena parte de sus utilidades y que esa acción fue “camuflada” bajo “riesgos adicionales”: JJC 85%, ICCGSA 81% y Graña y Montero 33% (ver recuadro).

Para el Ministerio Público, estas transferencias son la retribución de las consorciadas a la constructora brasileña por el pago ilícito que esta hizo a Toledo. La suma de lo abonado asciende a más de S/41 millones (US$15 millones).

“Aquí hubo un acto de conversión (lavado de activos), las utilidades que ceden a Odebrecht provienen de una concertación en la que los agentes vulneraron los principios de transparencia; pagando coimas ganaron una adjudicación”, manifestó.

CUESTIONAN IMPUTACIONES

Para la defensa de los empresarios investigados, la Fiscalía “malinterpretó” términos y cifras. De acuerdo al Ministerio Público, los riesgos adicionales fueron acordados a través de un acta suscrita el 1 de junio de 2011 por los entonces directivos que hoy son denunciados. Sin embargo, los abogados de los investigados señalaron que esa es una práctica común en el sector empresarial.

“Los riesgos adicionales son la retribución de las empresas a Odebrecht, porque esta, al ser la que tiene mayor participación, asume los riesgos laborales, ambientales y los que se presenten”, explicó Eduardo Alcocer, representante legal de Fernando Camet.

El letrado José Caro, abogado de Castillo Dibós, alegó: “Los riesgos recién aparecieron en 2011. Si antes de ese año no se provisionó, es porque no era posible conocer estas eventualidades”.

Sophia Icaza y José Rodríguez, defensa de Hernando y José Graña, acusaron un “apresuramiento” del equipo especial para el caso Lava Jato y señalaron que su accionar responde a las denuncias presentadas desde el Congreso contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. “La medida del Ministerio Público es abusiva y oculta (...) En noviembre de 2004 fue la reunión en Brasil, entre Toledo y Barata, en la que la misma Fiscalía señala que se pactó la coima; las socias no fueron parte de ese acuerdo porque recién se integraron en 2005”, sostuvo Icaza.

TENGA EN CUENTA

- La Fiscalía imputa los delitos de lavado de activos y colusión a Fernando Camet y José Castillo Dibós; lavado de activos a Gonzalo Ferraro y Hernando Graña; y colusión a José Graña.

- Todos los investigados entregaron al juez su pasaporte para demostrar que no tienen intenciones de huir del país.

- El fiscal dijo que Barata habló de las coimas a José Graña, Camet y Castillo.