La procuradora Nory Marilyn Vega Caro viajará a la ciudad de Tel Aviv, Israel, del 25 al 30 de marzo, para diligencias del caso Odebrecht. (Foto: EFE)
La procuradora Nory Marilyn Vega Caro viajará a la ciudad de Tel Aviv, Israel, del 25 al 30 de marzo, para diligencias del caso Odebrecht. (Foto: EFE)

“No devolver los más de S/500 millones de Chaglla a pone en riesgo el acuerdo”, afirmó anoche a este diario una fuente de la Fiscalía.

Hace unos días se conoció que la constructora solicitó al Ministerio de Justicia (Minjus) el reembolso de los S/524 millones por la venta de la hidroeléctrica Chaglla (Huánuco).

El monto que reclama es el que quedó como saldo de los S/1,052 millones que le retuvo el Estado peruano a la empresa por la venta, de los cuales S/435 millones se usaron para cancelar la deuda de la brasileña con la Sunat, S/12.5 millones para saldar la reparación civil por la carretera de Chacas (Áncash) y S/80 millones como pago de la primera cuota de los S/610 millones de reparación civil fijada en el acuerdo de colaboración eficaz.

El equipo especial para el caso Lava Jato de la Fiscalía informará hoy al Minjus su posición sobre este tema. Perú21 conoció que esta será a favor de que el dinero regrese a las arcas de la constructora para que honre otros compromisos económicos en el país.

Los fiscales peruanos buscan que, así como Odebrecht cumplió con los primeros pagos al Estado, también se pague a los proveedores y acreedores peruanos con los que la constructora brasileña aún mantiene deudas.

Si la constructora recupera ese dinero, podrá cumplir con pagar parte de los más de US$200 millones que le debe a Cofide.

“Si no puede pagar, entra en insolvencia, y si pasa eso, se va del país y no hay acuerdo”, señaló la fuente.

VIZCARRA EN CONTRA

Este pedido de Odebrecht no ha sido bien recibido por el Ejecutivo. El presidente Martín Vizcarra se pronunció en contra. “El daño que ha hecho Odebrecht al Perú es muchísimo más de S/500 millones”, resaltó.

Por ello, propuso que este dinero quede como garantía para el Estado, “porque vemos que se siguen haciendo destapes de corrupción en otros proyectos”.

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