GASEODUCTO SUR
GASEODUCTO SUR

POR ALVARO REYES E IVÁN ATILANO

La solicitud de arbitraje que presentó el pasado 4 de febrero ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado peruano sería una estrategia de presión de la constructora brasileña para reactivar la ejecución del Gasoducto del Sur, con el único fin de recuperar la inversión que realizó en este proyecto hasta enero de 2017, cuando el Gobierno puso fin a la concesión por no alcanzar el cierre financiero.

La propia empresa aseguró en un comunicado publicado ayer que está dispuesta a “suspender o hasta cancelar el proceso arbitral” si el Estado garantiza “lo más pronto posible el reinicio del proyecto Gasoducto del Sur por otro inversionista privado”.

¿Pero por qué Odebrecht está interesada en que otro postor retome la obra? Fuentes relacionadas a este caso indicaron a Perú21 que, a pesar de que la constructora reconoció posteriormente el pago de sobornos para ejecutar este proyecto, la paralización de esta obra se dio por incapacidad financiera y no por la comisión de un delito. Razón por la cual la cláusula anticorrupción no se activó.

“El contrato del proyecto prevé regulaciones cuando se da una interrupción de este tipo. Cuando el Estado reactive la obra, el nuevo postor tendrá que negociar con la empresa que se fue (Odebrecht) para el reconocimiento de la inversión que ya se ejecutó. En este caso, Odebrecht buscaría que se le reconozca la inversión por los tubos que transportarán el gas”, señalaron.

Odebrecht se respalda en la Ley 29970 —Ley que Afianza la Seguridad Energética y el Desarrollo Petroquímico en el Sur del País— para insistir con la reactivación del Gasoducto.

Esta norma, publicada en el gobierno de Ollanta Humala, garantiza la ejecución del referido proyecto al declararlo de interés nacional.

El costo de inversión en el Gasoducto se proyectó en US$7 mil millones y Odebrecht asegura que realizó un avance del 33% de la obra. “Buscamos un resarcimiento del 100% del capital invertido”, se lee en el comunicado de la firma.

Según las fuentes, desde mayo de 2017, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, el Estado peruano cortó toda comunicación con Odebrecht. Sin embargo, en las últimas semanas, la constructora trató de abrir un canal de contacto con el gobierno para evitar la demanda arbitral.

En ese camino, Odebrecht habría llegado a ser “escuchada” por representantes de los ministerios de Economía y de Energía y Minas. Pero la respuesta del Estado fue derivar esos acercamientos de la empresa hacia la Comisión Especial del MEF que representa al Perú en controversias internacionales de inversión. La solicitud de demanda aún no ha sido aceptada por el Ciadi.

Firma ratificó sobornos

La empresa Odebrecht comunicó ayer al coordinador del equipo especial Lava Jato, el fiscal Rafael Vela, que reafirma los delitos que cometió para adjudicarse el proyecto Gasoducto del Sur durante el gobierno de Ollanta Humala.

En la misiva, a la que accedió Perú21, la constructora honra el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con el Ministerio Público y reitera su compromiso por continuar entregando información.

Precisamente, en la cláusula 143 de ese acuerdo se señala expresamente que si la compañía inicia un arbitraje contra el Estado, la documentación y pruebas entregadas por la misma empresa podrán ser usadas en su contra en el proceso.

La compañía exige el pago de US$1,200 millones de indemnización. Esa demanda, cabe resaltar, camina por una cuerda separada a la de los tratos que tiene con el equipo del fiscal Vela Barba.

Tenga en cuenta

- La ministra de Economía, María Antonieta Alva, negó que su despacho se haya reunido con representantes de Odebrecht para discutir la demanda arbitral.

- “Este asunto es de competencia de la comisión especial de controversias internacionales. Que Odebrecht, en lugar de acudir a este canal formal, haya buscado otras vías es irregular”, dijo Alva en un comunicado.

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