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¿Qué opinan los congresistas sobre prisión preventiva para directivos de socias de Odebrecht?

Legisladores de Fuerza Popular señalan que la medida, solicitada por el Ministerio Público, es resultado de la denuncia constitucional contra el fiscal Pablo Sánchez, mientras que vocero oficialista considera que esa afirmación no es cierta y es un "grave error".

Redacción PERU21
Redacción PERU21

La decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de dictar prisión preventiva de 18 meses para los representantes de las empresas peruanas socias de Odebrecht generó distintas reacciones en el Congreso.

Fuerza Popular intentó llevar agua para su molino al señalar que la medida, solicitada por el Ministerio Público, es resultado de la denuncia constitucional presentada por el fujimorista Daniel Salaverry contra el fiscal Pablo Sánchez.

“Hoy juez Concepción Carhuancho tomó una decisión muy difícil, pero acertada. Durante muchos meses la Fiscalía miró para otro lado y ello definitivamente no fue acertado. Nos guste o no, el control político parlamentario da resultados”, señaló el legislador Miguel Torres (FP).

En la misma línea se pronunció su colega Héctor Becerril, quien señaló que la denuncia constitucional contra Sánchez logró destrabar las investigaciones contra la ex alcaldesa Susana Villarán y los representantes de las empresas consorciadas.

En cambio, el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, consideró "un grave error" señalar que la Fiscalía está actuando a consecuencia de la presión de algunos parlamentarios.

Indicó que esa afirmación no es cierta y significaría, ante el mundo, que el sistema de justicia depende de la política y sería un argumento perfecto para aquellos que están en el extranjero y no rinden cuentas ante la justicia, en alusión a Alejandro Toledo.

En tanto, el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén sostuvo que las decisiones del Poder Judicial se deben respetar  y señaló que lo importante es que la investigación comience a dar resultados.

Dijo que desde el Parlamento se debería buscar un mecanismo para que la presunta actuación irregular de algunas personas no afecte la actividad económica.

" Un mal ejecutivo o mal funcionario debe ser sancionado, pero por eso no se debe condenar a toda una organización o actividad económica", añadió.

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