Minem califica de “injusta” denuncia de Odebrecht contra el Estado peruano en el CIADI

El ministro Juan Carlos Liu afirmó que Perú ejerció la caducidad de la concesión porque dicha empresa no logró el cierre financiero.
Juan Carlos Liu explicó que la caducidad de la concesión del GSP se logró porque Odebrecht no llegó al cierre financiero. (Foto: GEC)

El ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, afirmó que la denuncia competencial planteada por , a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial es injusta, porque el Estado peruano ejerció la caducidad de la concesión por el incumplimiento de dicha empresa, al no lograr el cierre financiero.

En Radio Nacional, detalló que los fiscales José Domingo Pérez y , del Equipo Especial del caso Lava Jato, señalaron que solo había una “petición” por parte de la empresa brasileña

Liu explicó que la caducidad se logró porque no llegó al cierre financiero que es un punto importante señalado en el contrato. “Bajo dos postergaciones ellos no lograron hacer el cierre, por lo tanto, procedió la caducidad”, aseveró.

Reveló que, en una oportunidad, a través del procurador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, llegaron representantes de Odebrecht a su despacho de Energía y Minas, a fin de indagar cómo se estaban llevando los procesos del Gasoducto Sur Peruano (GSP) hacia el sur.

"Nosotros les entregamos información oficial y pública de lo que ya había señalado el Estado, pero aprovechando la reunión protocolar, ellos plantearon un tema que no era de mi ministerio, por lo tanto, señalamos que debía encausarse por otro lado", manifestó.

En ese sentido, Liu no descartó aplicar la cláusula anticorrupción en la defensa del Estado peruano ante el CIADI, a fin de cautelar las inversiones.

Como se recuerda, la división de la constructora Odebrecht Latinvest presentó una demanda de arbitraje contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el 4 de febrero, por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano.

Odebrecht presentó su solicitud exigiendo más de US$1.200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

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