El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, dispuso iniciar ante los Estados Unidos el proceso de extradición del empresario Gustavo Salazar, quien es acusado del presunto delito de lavado de activos.
La medida está contenida en una resolución suprema publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
Allí se precisa que la solicitud de extradición activa de Gustavo Fernando Salazar Delgado ha sido formulada por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y ha sido declarada procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.
En virtud a ello, el Ministerio de Justicia "dispone su presentación por vía diplomática al gobierno de los Estados Unidos conforme al tratado vigente desde el 25 de agosto de 2003.
Salazar, de acuerdo a la versión de dos colaboradores eficaces, habría constituido la empresa Wircel para, a través de ella, pagar sobornos por US$ 1 millón 250 mil al ex gobernador regional de Cusco, Jorge Acurio Tito entre octubre y noviembre de 2013.
El dinero en cuestión le habría sido entregado por Odebrecht a cambio de la concesión de obras públicas en la región Cusco.
Salazar se encuentra desde mediados de 2017 en los Estados Unidos a donde llegó luego de que la justicia peruana dictara su prisión preventiva.