Odebrecht habría causado al Perú perjuicios por US$283 millones

Fue un perjuicio de millones de dólares. El contralor Edgar Alarcón informó ayer que, como resultado de las acciones de control realizadas a 16 obras ejecutadas por Odebrecht entre 1998 y 2015, su entidad ha detectado que se habría ocasionado un presunto perjuicio económico al país de aproximadamente US$283 millones por irregularidades.

Alarcón ofreció una conferencia de prensa en su sede institucional y destacó que la constructora tuvo participación en 23 proyectos en el periodo señalado, los cuales comprometen una inversión de US$16,940 millones.

Mencionó que, entre las observaciones que en su oportunidad detectó la Contraloría, destaca el incremento del 93% de la inversión inicial estimada.En este punto, manifestó que se convocó a concurso sin cumplir con los requisitos técnicos legales exigidos por el SNIP y se adjudicó la buena pro sin contar con el informe previo de la Contraloría.

Pero un detalle más alarmante resultó el incumplimiento de la cláusula 18 del Proyecto de Línea de Crédito donde el concesionario declara la inexistencia de procesos judiciales, cuando sí los tenía y fueron comunicados a Proinversión en mayo de 2005.

En el caso de IIRSA Sur, el titular del órgano de control señaló que el estudio de factibilidad revela que el costo por kilómetro de vías sin asfaltar supera, en promedio, en más del 100% a los costos por kilómetro en rehabilitación a cargo de Provías. Esto también fue informado a Proinversión en junio de 2005.

Consultado sobre la gestión de Fernando Olivera a favor de este proyecto ejecutado por Odebrecht, Alarcón confirmó que "el ex asesor del entonces presidente Toledo" visitó al ex contralor Genaro Matute acompañado de otras dos personas para explicar por qué debería autorizarse el proyecto pese a las observaciones.

Añadió que Matute no varió la posición de la Contraloría y meses después (25 de enero de 2006), el presidente Toledo promulgó la Ley 28670, con la cual se exoneró del SNIP a dicho proyecto y se eludieron otras observaciones.

Esta norma allanó el camino para la ejecución de los contratos a pesar de que la empresa tenía proceso abierto y estaba prohibida de participar, según el informe de la comisión que presidió Juan Pari.

La ley fue aprobada (Comisión Permanente) y promulgada por el Ejecutivo en el mismo día, el 25 de enero de 2006.

El proyecto fue presentado a las 4:45 p.m. del 24 de enero por el entonces legislador y dirigente de Perú Posible, Gilberto Díaz Palacios.

Al día siguiente, fue dispensado del trámite de comisión y aprobado por la Comisión Permanente sin mayor debate. Se envió la autógrafa a las 6:00 p.m. y la ley fue promulgada por el jefe de Estado y su primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski, esa noche. El día 26 de enero se publicó.