Odebrecht: demanda contra el Estado peruano carece de fundamentos solventes, afirma SPDI

La Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) afirmó que la demanda arbitral presentada por la empresa Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en contra del Estado peruano, “carece de fundamentos solventes” frente al derecho internacional de las inversiones.

En ese contexto, respaldó la posición del Estado peruano y al equipo jurídico que nos representará ante el Ciadi, y mostró su confianza en la integridad y eficacia del arbitraje como mecanismo de solución pacífica de las controversias internacionales.

“Habiendo analizado la referida solicitud de arbitraje, concluimos que la misma carece de fundamentos solventes frente al derecho internacional de las inversiones, y que se basa en pretensiones que no son jurídicamente exigibles al Estado peruano, aunque ellas favorecerían los intereses del grupo Odebrecht”, señalan en un comunicado.

Asimismo, precisan que las pretensiones de la demandante se basan en desconocer el evidente protagonismo de las empresas del grupo brasileño y sus funcionarios en graves actos de corrupción directamente relacionados con el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

“Asimismo, señala que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del Gasoducto Sur Peruano, y de hecho su actuación en este proyecto no forma parte del Acuerdo de Colaboración Eficaz que esa empresa suscribió con el Estado peruano”, según indican en el comunicado.

Odebrecht argumenta que el 24 de enero de 2017 el Estado peruano canceló “de manera arbitraria” el contrato de concesión del GSP y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que “violan” los derechos de la subsidiaria de la empresa brasileña, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.

Además, reclama que el Estado no le extendió una enmienda bancarizable al contrato de concesión que necesitaba para poder vender a una tercera empresa sus derechos de participación en el proyecto, "siendo que no existía obligación legal alguna sobre el Estado para proceder según la pretensión de la demandante".

La SPDI agrega que las medidas que adoptó el Estado peruano respecto a la ejecución del Gasoducto están relacionadas con las leyes anticorrupción que adoptó en febrero del 2017, así como también con la aprobación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.

La Fiscalía de la Nación anunció que en las próximas semanas formalizará su denuncia penal contra Odebrecht y sus funcionarios, entre otros, “por su involucramiento en diversos delitos generados por la gestión corrupta de la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano”.

De acuerdo a la información pública, se conoce que Odebrecht y sus cómplices realizaron al menos 17 transferencias de dinero como sobornos, que suman 3 millones 70,000 dólares, entre el 19 de setiembre y el 12 de noviembre de 2014, es decir poco más de tres meses luego del otorgamiento de la buena pro de la referida concesión al consorcio integrado por la constructora

En ese sentido, sostiene que el Perú, al igual que una docena de naciones de las Américas, “se ha visto irreversiblemente perjudicado por las acciones ilícitas de Odebrecht”, empresa que ahora “pretende -irónicamente- una millonaria indemnización”.

“La actuación de dicha transnacional en el Perú, ha devenido no solo en un grave perjuicio a la economía, sino a la moral y confianza de la población en su sistema de gobierno”, sentenció.