PJ debe aprobar acuerdo de colaboración con Odebrecht

La cuenta regresiva se ha iniciado. El equipo especial Lava Jato entregó ayer al Poder Judicial el acuerdo de colaboración eficaz suscrito por la empresa Odebrecht con un único objetivo: que valide su contenido para que sea usado por la Fiscalía en el proceso penal que le sigue a ex funcionarios públicos que presuntamente recibieron sobornos a cambio de conceder obras.

El fiscal adjunto Henry Amenábar fue el encargado de llevar toda la documentación a la sede judicial en la que despacha la jueza María de los Ángeles Álvarez, en el edificio contiguo al Palacio de Justicia.

El documento en el que está establecido el entendimiento entre la Fiscalía, la Procuraduría y la empresa brasileña cuenta con mil páginas. Pero a este se han adjuntado 738 tomos que contienen las pruebas que sustentan la colaboración de la constructora. Por eso su traslado se realizó en camionetas.

Perú21 conoció que en los anexos se han incluido la transcripción de las declaraciones que los ex directivos han brindado en distintos interrogatorios.
También se han consignado los archivos que confirman las transferencias del ilegal dinero que habría llegado a parar a manos de ex servidores, así como a las arcas de partidos políticos que lo usaron para financiar sus campañas presidenciales y municipales.

La magistrada Álvarez, como lo adelantó Perú21, será la encargada de homologar el acuerdo tras ser elegida de manera aleatoria.
Ella es la titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Lo que viene
Los penalistas Carlos Caro e Yván Montoya coincidieron en que el veredicto de Álvarez no debería condicionar la manifestación del ex mandamás de Odebrecht, Jorge Barata, programada para las fechas entre el 22 y 26 de abril.

“Si no le parece adecuado el canje entre el beneficio y la información recibida, la jueza puede cuestionar el acuerdo basada en el criterio de proporcionalidad”, declaró Caro a este diario.

En tanto, Montoya dijo que la jueza debe resolver si el acuerdo es legal o no. “El monto de reparación civil no puede ser variado”, acotó.