La OCMA había “visitado” al juez en su despacho, le abrió procedimiento disciplinario y lo había exhortado para que impulse los procesos a su cargo. (Foto: Difusión)
La OCMA había “visitado” al juez en su despacho, le abrió procedimiento disciplinario y lo había exhortado para que impulse los procesos a su cargo. (Foto: Difusión)

La Oficina de Control de la Magistratura () propuso ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la destitución del juez Edgard Cayllahua Conde, del Primer Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre y Magdalena, de la Corte Superior de Lima, por inobservar inexcusablemente el cumplimiento de sus deberes judiciales.

De acuerdo a los cargos corroborados en la investigación de la OCMA, en el despacho del juez se encontraron expedientes pendientes de sentenciar, documentos con proyectos de resoluciones pendientes de revisión y firma, pendientes de ser impulsados o resueltos, retardo en la calificación de las denuncias, demandas y en general en la tramitación de los procesos a su cargo, paralizados sin justificación.

Cabe indicar que tras diversas quejas de litigantes, la OCMA “visitó” al juez en su despacho, le abrió procedimiento disciplinario y lo exhortó para que impulse los procesos a su cargo.

Sin embargo, el magistrado incumplió las recomendaciones brindadas, ocasionando perjuicio al servicio de administración de justicia y a las partes procesales de manera injustificada.

Dicho juez también es sancionado por la falta de control a su personal, ya que, como magistrado y director de procesos, debió supervisar las labores de sus subordinados y, pese haber advertido el incumplimiento de las labores, no efectuó ninguna medida correctiva ni comunicó al órgano de control.

En este contexto, la máxima autoridad contralora elevó ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la propuesta de destitución en contra del servidor Miguel Ángel Bejarano Bringas, especialista legal de ese despacho judicial.

Según detalló, está acreditado que dicho funcionario no cumplió con dar cuenta oportunamente al juez, escritos en materia laboral, familia y penal, incurriendo en retardo.

Cabe precisar que la OCMA dictó en contra de los citados, una medida cautelar de suspensión preventiva para que no ejerzan ningún cargo en el Poder Judicial, hasta que las instancias correspondientes resuelvan en definitiva sus situaciones jurídicas.

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