Un equipo de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) intervino ayer el despacho del juez Hugo Velásquez Zavaleta, titular del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, para tomar su declaración por ejecutar la sentencia que ordenó el pago de una millonaria liquidación al suspendido juez César Hinostroza.
El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, ordenó a la OCMA que abriera investigación luego de que IDL-Reporteros difundiera audios protagonizados por Velásquez e Hinostroza, en los que coordinan la emisión de la resolución que autorizó el desembolso de S/1’961,004 al suspendido juez supremo.
Velásquez tuvo a su cargo la ejecución de una sentencia que ordenó el pago de remuneraciones homologadas a más de tres mil jueces. Entre estos beneficiados, había 13 jueces supremos, incluido el propio Prado, a quienes debían abonarles S/18 millones en total. El titular del PJ aclaró que no ha autorizado ningún pago de devengados.
Por otra parte, la OCMA dispuso la suspensión preventiva de sus funciones de los presidentes de las cortes de Lima Este y Puno por haber cometido presuntas faltas muy graves.
Según informó el ente de control, el juez Jimmy García Ruiz, presidente de la Corte Superior de Lima Este, habría mantenido relaciones extralaborales con una tercera persona para ofrecerle asesoría legal y, además, habría aceptado un presunto pago irregular.
La misma medida fue dictada para el magistrado Óscar Ayestas Ardiles, presidente de la Corte Superior de Puno, a quien se le atribuye haber manipulado los órganos de su jurisdicción a su conveniencia y como responsable de actos de violencia física y psicológica en agravio de su esposa e hijos.
En su defensa, Ayestas Ardiles aseguró que le da “pena” el trabajo de la OCMA. “La sanción contra mi persona es arbitraria, abusiva e ilegal, se vulneró el debido proceso”, dijo.
No obstante, reconoció que sí tiene y tuvo un proceso judicial con su ex esposa por supuesto maltrato físico.