El detenido ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio, es uno de los investigados en el caso. (Poder Judicial)
El detenido ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio, es uno de los investigados en el caso. (Poder Judicial)

El juez Juan Carlos Sánchez admitió el pedido de la Procuraduría ad hoc para incorporar como terceras civil responsables a empresas, como S.A. Sucursal Perú, por los daños causados al Estado peruano en la licitación y construcción del Hospital Lorena, ubicado en Cusco.

Las otras compañías a las que afecta la resolución, emitida el pasado 22 de marzo, son Motlima Consultores S.A., Dextre Morimoto Arquitectos S.A.C. y Cesel S.A.

Con esta medida, en caso de resultar responsables ante los tribunales, las mencionadas empresas y las personas naturales que vienen siendo procesadas pagarían de manera solidaria al Estado una reparación civil que hasta la fecha se calcula de manera preliminar en S/. 39 millones.

En este caso se investiga al ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, junto a otros funcionarios de su gestión, quienes presuntamente se habrían coludido con los representantes de las empresas del Consorcio Salud Lorena (integrado por OAS, Motlima y Dextre + Morimoto) y la empresa supervisora Cesel para favorecerlos en la licitación y adjudicarse la obra.

Acurio Tito, como se sabe, se encuentra actualmente detenido a cambio de concederle la Vía Evitamiento cusqueña.

El contrato para el mejoramiento del hospital se firmó en julio de 2012 por un monto de S/.197’580,499.16, que incluía la elaboración del expediente técnico más la ejecución de la obra.

Posteriormente, se firmó una adenda que incrementó el costo en S/. 13’242,148.24 por la construcción de una nueva infraestructura sobre los pabellones de los servicios materno infantil y de hemodiálisis, que habían sido construidos antes de la contratación de la obra. La inversión realizada en dicha construcción más los gastos para su demolición generaron al Estado un gasto adicional de S/. 5’895,430.06.

Fuentes judiciales señalaron que, en caso que OAS y las otras empresas deseen evitar una larga disputa judicial y decidan someterse a un proceso de colaboración con la justicia (colaboración eficaz o aporte de información relevante) a cambio de la reducción de penas para sus directivos, así como de los montos de reparación civil, entre otros beneficios, pueden acogerse a la Ley 30737, que fue promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo.

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