El último 7 de noviembre, 19 coroneles fueron excluidos del proceso de ascenso al grado de general de la Policía Nacional por obtener menos de 65 puntos en el rubro de moral y disciplina. La resolución fue firmada por Raúl Silva Olivera, director de Recursos Humanos de la PNP.
Antes, el ascenso dependía de la trayectoria policial y de la decisión de los comandantes generales, quienes elegían a sus mejores oficiales, a los más operativos —a aquellos que desarticulaban bandas y organizaciones criminales— para escalar a un grado superior. Sin embargo, en octubre de 2022 el congresista Roberto Chiabra presentó un proyecto de ley para que el proceso de ascenso sea por concurso. Esta norma rige desde septiembre del año pasado.
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Fuentes de Perú21 señalan que si bien no tiene nada de malo que el proceso de ascenso sea por concurso, ahora pesan más los estudios y títulos académicos obtenidos desde el grado de alférez. Asimismo, indican que las sanciones que se tomaron en cuenta para excluir a los 19 coroneles ya habían caducado por ser antiguas.
Según fuentes policiales, esta ley beneficia a los policías con un puesto administrativo, ya que ellos tienen una menor probabilidad de tener sanciones disciplinarias en comparación con los policías operativos que luchan contra el crimen organizado de manera frontal. ¿Acaso el contexto actual en donde la criminalidad toma las calles del país no amerita que esta norma injusta sea reevaluada?
No obstante, para Chiabra esto no es así. El parlamentario dijo a este diario que la norma que entró en vigencia el 2023 —y se aplicó para el proceso de este año— no beneficia a los policías de escritorio. “Solo el 7% de policías es administrativo. O sea que hay un 93% de policías operativos. Los que prestan servicios en unidades especiales tienen más puntaje que los admistrativos”, dijo.
Asimismo, el general del Ejército en retiro sostuvo que el puntaje que se quita por sanciones disciplinarias va disminuyendo conforme pasan los años.
COLCHADO A LA CIDH
El coronel Harvey Colchado solicitó ayer medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que, en represalia por el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte, el gobierno no lo pase al retiro.
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