Ofensiva política. En menos de dos semanas, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, enfrenta una nueva denuncia constitucional. Esta vez, la bancada de Renovación Popular la acusa de haber pactado favores ilícitos con el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien habría influido en su elección a cambio del archivamiento de un caso en su contra.
Esto, según señala la denuncia, por haber impedido irregularmente una diligencia fiscal en contra de la ONG de periodismo de investigación IDL Reporteros.
Denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, interpuesta por Renovación Popular.
La denuncia presentada ante el Congreso solicita la inhabilitación de Espinoza por diez años por infracción constitucional. Además, se plantea una denuncia penal por presuntos delitos de cohecho pasivo específico y encubrimiento personal tanto para ella como para Sánchez.
El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, aclaró que la denuncia seguirá su curso legislativo, aunque su admisión no está garantizada. Sin embargo, la balanza podría inclinarse en su contra, ya que el legislador José Cueto, de Honor y Democracia, adelantó que la denuncia anterior contra Espinoza, presentada el 28 de febrero por Kira Alcarraz de Podemos, debería ser admitida.
ESCALADA DE DENUNCIAS
Esta nueva ofensiva se suma a la denuncia constitucional que Espinoza interpuso contra once legisladores por aprobar una ley que permite a exmilitares y expolicías recibir simultáneamente jubilación y sueldo. Dicha denuncia fue archivada el último viernes, lo que refuerza la teoría de una represalia política.
Cueto, quien apoya la admisión de la denuncia contra Espinoza planteada por Alcarraz, pertenece a la bancada de Honor y Democracia, donde también figura Jorge Montoya, vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y uno de los congresistas que fue denunciado por la fiscal.
Los sectores políticos que buscan la destitución de Espinoza parecen alineados en un mismo propósito: inhabilitar por diez años a Espinoza.
En los próximos días, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidirá si admite o no la denuncia. De ser aceptada, Espinoza enfrentará un proceso que podría llevarla a ser destituida e inhabilitada.
En política, nada es casualidad. La ofensiva contra Espinoza refleja la lucha entre el Congreso y el Ministerio Público, donde las denuncias parece que se han convertido en un arma de defensa y de poder.
