(Mario Zapata)
(Mario Zapata)

Redacción PERÚ21

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Era una norma absurda que silenciaba a los procuradores y debió ser dejada sin efecto hace tiempo, pues afectaba no solo el derecho a la libertad de expresión del abogado del Estado, sino que privaba a la población de una voz que los representara e informara de los casos tan relevantes como corrupción o lavado de activos.

La ciudadanía y el Estado necesitan de un procurador intelectualmente fuerte, legitimado, con demostrada convicción, y no un mudo o timorato. La lucha contra la corrupción, el lavado de activos, el narcotráfico o el terrorismo exige presencia y no debe invisibilizarse.

Recordemos que a la entonces procuradora Julia Príncipe la sacaron bajo la excusa de declarar sin permiso, pero es obvio que el trasfondo fue otro.

La pésima actitud del entonces ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, sumada al interés de descabezar a la Procuraduría de Lavado de Activos en medio de la investigación contra Heredia, generó un desastre en la defensa jurídica del Estado.

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