Norma contra la colaboración eficaz queda en manos de Dina Boluarte

Desde Palacio de Gobierno no ha salido una sola palabra. Doce días han pasado ya desde que los congresistas aprobaran por aplastante mayoría una norma que limita la colaboración eficaz y que le pone cabe a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Mientras la principal herramienta de investigación fiscal para tener un testigo directo de los hechos ha sido puesta en amenaza, mientras la corrupción se frota las manos, la presidenta Dina Boluarte ha tomado el camino del silencio.

La mandataria no se ha pronunciado sobre este tema, pero al parecer lo hará pronto. Entrada la noche de ayer, el presidente del Congreso, José Williams, envió al Ejecutivo la autógrafa del controvertido proyecto de ley y quedará en manos de Boluarte la decisión de observar la norma o dejarla pasar. Tendrá para ello 15 días a partir de hoy.

Horas antes de que este documento ingresara a Palacio, y sumándose a los pedidos y advertencias de la Procuraduría General del Estado (PGE) y de otros protagonistas del sistema de justicia, tres exprocuradores del Estado: César Azabache, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia, también le solicitaron a la mandataria que observe esta norma “atendiendo a las graves consecuencias que ello acarrearía en términos de impunidad frente al crimen organizado en el Perú”.

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A través de un escrito público los exfuncionarios hicieron notar su preocupación por las modificaciones dictadas por el Congreso referidas al recorte de los plazos del proceso. “Pretender acortar los plazos del proceso de colaboración a 12 y 18 meses para casos ordinarios y de gran complejidad, respectivamente, resulta un despropósito y una clara intención de convertir este valioso mecanismo en inoperante”.

Azabache, Ugaz y Valdivia cuestionaron, además, la posición asumida por los legisladores ante esta herramienta fiscal que podría beneficiar a los integrantes de las organizaciones criminales y tirar abajo casos emblemáticos de corrupción como los de Los Cuellos Blancos del Puerto, Lava Jato, entre otros.

“Resulta inaceptable que desde un Congreso con 9 % de aceptación y enfrascado en un desmontaje institucional del país, se pretenda ahora neutralizar la Ley de Colaboración Eficaz de manera antitécnica con el fin de convertirla en un instrumento simbólico que nos retrotraerá a épocas de gran impunidad”, señalaron.

Recordaron que la polémica norma fue aprobada por la mayoría de congresistas integrantes de agrupaciones políticas investigadas por corrupción.

FISCAL CONFÍA

La exfiscal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Rocío Sánchez, espera que el Ejecutivo se pronuncie pronto y observe la norma.

“A todos los investigados por delitos de corrupción que se encuentran en trámite les gustaría que los procesos de colaboración no se culminen. Así, las investigaciones que nacieron como consecuencia de una delación se quedarían sin el testimonio del cómplice o coautor. El Ejecutivo tiene un plazo legal de 15 días para observar el proyecto y atender los pedidos de la Procuraduría. N.o hacerlo es desconocer el trabajo de un procurador público que busca la defensa del Estado y la recuperación de la reparación civil Esperemos que la observe. Creo que la presidenta Boluarte debió salir desde el inicio a marcar una posición sobre el perjuicio que las modificaciones de esta norma implicarían”, señaló Sánchez a Perú21.

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“CONFLICTO DE INTERESES”

Este proyecto de ley, aprobado en el Pleno entre gallos y medianoche y en el último día de legislatura, recibió 83 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones y hasta fue exonerado de segunda votación. La norma limita el plazo para que los fiscales cierren el proceso de colaboración. Ahora solo tendrán ocho meses y una prórroga de cuatro meses. Solo en caso de crimen organizado, podrán aplazar el procedimiento por ocho meses más. Además, se establece que está prohibido corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes. Las críticas y advertencias ante el riesgo que supone la aprobación de esta norma llegaron de todos los sectores, menos del Ejecutivo, el encargado de observarla.

“El silencio guardado hasta ahora por el Ejecutivo bien pudiera leerse entre líneas, como un acuerdo tácito de beneficiarse altos funcionarios de ambos poderes del Estado ante investigaciones en curso que cuentan con aspirantes a colaboradores eficaces. Hay un evidente conflicto de intereses detrás de esta ley, pues ha sido votada por quienes, sin hacer una aclaración pública, se verán beneficiados con su vigencia, teniendo procesos de investigación abiertos en la Fiscalía”, apunta la ex primera ministra Ana Jara.

La también excongresista indicó que el Ejecutivo tiene clara la norma aprobada por el Congreso, ya que antes de que el actual ministro de Justicia asumiera la cartera ya había emitido una opinión en desacuerdo.

“Se insta a la presidenta Boluarte a estar del lado de la historia de la lucha contra la corrupción; debe tomar decisiones concretas que impidan la impunidad y se afecte el cobro de las reparaciones civiles, que sería el efecto nefasto de esta norma aprobada por el Congreso”, expresó Jara en conversación con Perú21.

La norma sigue dando que hablar. Ahora deberá hablar Boluarte.