La audiencia para evaluar el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y los integrantes de Los Waykis en la sombra se reanudó ayer con un debate que ha sido pospuesto pero que definirá la investigación contra el hermano de la mandataria Dina Boluarte. Y esa discusión es si se aplicará o no la nueva ley promulgada por este Congreso que modifica las normas para castigar el crimen organizado.
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La Ley 32108 estipula que para catalogar ahora a una organización criminal se deben cumplir tres requisitos en conjunto: que sus miembros hayan cometido delitos graves que superen los 6 años de cárcel como pena; que ostenten el control de una cadena de valor o mercado ilegal; y que obtenga un beneficio económico.
Es decir, el cambio dispuesto por el Parlamento ha elevado la complejidad para definir a una banda del crimen y solo se le considerará como tal si su fin supremo es generar dinero.
Según el Ministerio Público, Los Waykis en la sombra buscaban inscribir el partido político de Boluarte llamado Ciudadanos por el Perú.
Para ello, de acuerdo a la investigación, el hermano presidencial manejó la designación de prefectos y subprefectos desde el Ministerio del Interior, quienes cederían parte de su sueldo a fin de financiar las actividades proselitistas.
Además, esos funcionarios públicos, ubicados en distintas regiones del país, se encargarían de recolectar firmas para cumplir con la constitución de la organización política.
Sin embargo, en la audiencia de ayer ninguno de los investigados, entre los que también se encuentra el abogado Mateo Castañeda, invocó esa norma que a todas luces los favorecería.
El que se encargó de introducir el tema en la diligencia fue el fiscal Carlos Ordaya López, miembro del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Debate necesario
Ordaya quiso anticiparse a eventuales pedidos de la defensa y requirió al juez Richard Concepción Carhuancho que no considere ejecutar esa directriz.
“Consideramos relevante que primero se debata la inaplicación de la ley que ha hecho las modificaciones de crimen organizado para sustentar nuestros motivos y evitar nulidades posteriores que puedan plantear las defensas”, alegó el fiscal.
El juez Concepción no acogió esa petición e indicó al representante del Eficcop que ese requerimiento sea parte de sus alegatos y que la decisión final se tomará después del intercambio de posturas con los investigados.
Los abogados de Nicanor, Castañeda y demás imputados insistieron en que esa decisión sea tomada en ese instante, pero el magistrado enfatizó en que ese no era el momento. Aclaró que cuando le toque, cada persona puede plantear su postura.
Después de absolver esas inquietudes, que le tomó una hora a Concepción, la Fiscalía recién empezó con argumentar su solicitud de prisión preventiva.
De esa forma, el fiscal Ordaya explicó que tiene evidencias —chats, comunicaciones, testimonios y confesiones— sobre la injerencia del mayor de los Boluarte en el nombramiento de prefectos, subprefectos y otros servidores públicos que configuraría en organización criminal y tráfico de influencias.
Mateo Castañeda, quien fue defensor legal de Nicanor, es sindicado de ser el brazo legal que habría intentado obstruir las indagaciones contra su expatrocinado.
La evidencia es la declaración del agente encubierto, el coronel PNP Harvey Colchado, que relató cómo Castañeda intentó captarlo para conocer detalles de las pesquisas realizadas por el Eficcop.
La audiencia continuará hoy a las 11:00 am.
Tenga en cuenta
-La nueva ley fue promulgada por el Congreso luego de que la presidenta Dina Boluarte no formulara ninguna observación. La norma beneficia a su hermano.
-Víctor Torres, amigo de los Boluarte, se acogió a la colaboración eficaz y admitió ante el Eficcop que Nicanor lo favoreció para ser contratado en Qali Warma e hizo lo mismo con otros allegados. Confirmó que el objetivo final era crear el partido político.
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