Nelson Shack: “Se verá legalidad de incentivos en el Congreso”

Nelson Shack es el contralor general de la República y recibió a Perú21 en sus oficinas para hablar sobre los avances en la tarea institucional de fiscalizar el buen uso de los recursos en el sector público. Pero también abordó temas cotidianos que generan la indignación ciudadana como la tragedia de Villa El Salvador.

El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia Nº 008-2019 para dinamizar las obras públicas por un valor de S/16 mil millones. ¿Cuál es el avance en su aplicación?

Producto de los viajes de supervisión, siempre hemos recibido la preocupación de la ciudadanía de que, además de los casos de inconducta funcional y corrupción, hay muchísimas obras paralizadas a nivel nacional; se hablaba de más de 6 mil. En el interregno (del Congreso) salió este decreto que se concentró en obras por contrato, por eso hemos enviado un segundo proyecto al Ejecutivo para ampliar la implementación de un nuevo marco normativo. A la fecha son 224 las obras, por un valor de más de S/2 mil millones, que estarían entrando en un proceso franco de reactivación, (…) esperamos que en este segundo trimestre empiecen a reactivarse y entren en operación lo más pronto posible.

En el Estado se habla del miedo a la Contraloría que a veces genera una parálisis. ¿Es justificado?

Siempre ha habido ese temor, pero en este nuevo modelo de control el funcionario no tiene por qué temerle a la Contraloría, respetarla sí, pero no tenerle miedo. Quien tiene que tenerle pavor son los funcionarios deshonestos porque, con toda esta capacidad en este proceso de reforma, la Contraloría va a poder detectar con mayor celeridad todos los actos de inconducta funcional y de corrupción que se puedan presentar. (…) En 2019 superamos la meta de 22 mil informes de control, hicimos 25 mil. (…) Hemos encontrado responsabilidades administrativas, penales y civiles en más de 8 mil funcionarios a nivel nacional. En el tema civil y penal se encarga el sistema de justicia, pero en el tema administrativo, como no tenemos la capacidad sancionadora –porque el TC lo declaró inconstitucional en abril de 2019–, no podemos hacer nada, simplemente registramos el hecho y se lo pasamos a la entidad donde de repente hasta ahora sigue trabajando el funcionario.

Sobre la tragedia en Villa El Salvador tenemos a Osinergmin, que autorizó la circulación del vehículo que causó el siniestro. ¿Hay responsabilidad del ente regulador en el hecho?

Hay aquí un cúmulo de responsabilidades. No solo del ente regulador, sino de varios otros actores. Lamentamos y expresamos nuestras sinceras condolencias a las familias afectadas; hay 23 compatriotas fallecidos porque un montón de personas no hicieron su trabajo como debieron hacerlo. Se ha dispuesto el inicio de acciones de control, la generación de una orden de servicios para este media training también se contempla en las auditorías que se van a practicar. Hay problemas con la municipalidad porque esa pista no está de acuerdo con los estándares que debería tener. ¿Quién lo aprobó? ¿Por qué pagaron por una pista que está mal? Todas esas investigaciones de naturaleza técnica va a producir la Contraloría y servirán como insumo adicional a las investigaciones de la Fiscalía.

Entre los años 2013 y 2020 Osinergmin gastó más de S/300 mil en asesorías. ¿Es eso regular?

Ahí viene el tema de lo que es regular y lo que es legal. La Contraloría tiene un mandato de regular y analizar el buen uso de los bienes y los fondos públicos en un marco de legalidad. La pregunta es: ¿es legal la contratación o no? Eso es lo que va a ser materia de investigación. En todos estos procesos, sin embargo, hay que reconocer que el titular de la entidad tiene facultades discrecionales para disponer de los recursos de la entidad. Se podrá revisar cómo fue el proceso de contratación, si estuvo de acuerdo a los procedimientos establecidos, pero la Contraloría no se pronuncia sobre si fue buena idea o no esa contratación.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso ha incrementado salarios y ha pasado a algunos trabajadores a contratos de plazo indeterminado. ¿Tiene facultades para hacerlo durante el interregno parlamentario?

Esos son temas que se van a tener que evaluar con el nuevo Congreso. (…) Por lo que corresponde a la Contraloría, ya se ha dispuesto que se inicien acciones de control desde la propia Oficina de Control Interno (OCI) para revisar y recopilar toda la información, en particular para ver si ha sido legal o no el proceso que han aplicado, por ejemplo, para este programa de incentivos que, entiendo, tuvo autorización en la Ley de Presupuesto.

En 2019 la OCI de la Municipalidad del Callao detectó estos empleados fantasmas y el tema ya está ahora en la Fiscalía. ¿La Contraloría sigue con este caso? ¿Hay alguna novedad?

Seguimos viendo el tema no solo del Callao, sino a nivel nacional. En este primer semestre del año vamos a desarrollar un operativo a nivel nacional con enfoque territorial sobre el tema de las planillas, no solamente en el Callao, sino también en el sector Educación, en las distintas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). (…) La problemática de la corrupción en el manejo de la planilla publica se extiende a nivel nacional. Vamos a desarrollar operativos regionales (…) que permitan identificar y sacar informes de manera similar a como pasó en el Callao para que puedan activar el sistema de justicia y se pueda sancionar a los responsables.

Datos:

- Nelson Shack es licenciado en Economía y magíster en Gestión y Políticas Públicas con amplia experiencia directiva en la administración pública.

- Fue elegido contralor general en julio de 2017 para un periodo de siete años.

- Shack destaca que el control concurrente de la Contraloría “puede coadyuvar a que un funcionario tenga un soporte más especializado”.

“Nuestra meta es que (al bicentenario) no quedará un distrito que, por lo menos una vez al año, no reciba la visita de la Contraloría”, dice.