Cuando la decisión del Gobierno de comprar los activos de Repsol en Perú –que incluyen La Pampilla, una red de grifos y una planta de gas– parecía tomada, la primera dama, Nadine Heredia, dejó entrever lo contrario, ante las críticas de la oposición y del sector privado a una intervención estatal de este tipo.
«Lo que señaló el presidente (Ollanta Humala) es una intención, un interés, pero si eso no se puede demostrar en los números, que es beneficioso para el país, simplemente no va», dijo durante su participación en una actividad en el emporio comercial de Gamarra.
LOS NÚMEROS NO CUADRANComo se sabe, diversos expertos han advertido que una intervención estatal en Repsol es un pésimo negocio, por diversas y atendibles razones.
Entre estas, porque el Estado tendría que desembolsar más de US$2,000 millones, cuando en el país hay necesidades mucho más urgentes en salud, educación, seguridad e infraestructura.
A esto se suma la alta exposición al riesgo financiero que significaría la transacción, sin contar que quebraría las reglas del mercado y afectaría la confianza de los inversionistas.
